El Gobierno ha trasladado a 26.225 migrantes desde Canarias a la península desde el pasado 16 de octubre, cuando el Ejecutivo formuló la Declaración de Emergencia ante el repunte de llegadas irregulares al archipiélago.

Desde entonces hasta el 31 de diciembre de 2023 se trasladaron 12.581 personas y este año se han derivado otras 13.644, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cuestión aparte es la situación de los más de 5.500 menores que han llegado a Canarias por los mismos medios y que son atendidos actualmente en las islas, al ser esta una competencia de la comunidad autónoma, lo que ha desbordado sus recursos.

El Gobierno central se comprometió a poner en marcha las modificaciones normativas que fuesen necesarias para que estos niños y adolescentes puedan ser distribuidos por todo el territorio español.

Preguntada por este extremo, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado en una entrevista con la Agencia EFE que espera que en el plazo de “tres o cuatro semanas” el Gobierno pueda tener un planteamiento al respecto.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Ha recordado que para este fin, entre otros, se constituyó la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que están implicados Asuntos Exteriores, Interior, Trabajo, Derechos Sociales, Inclusión y Migraciones, Juventud e Infancia y Política Territorial y en cuyo seno se está haciendo el estudio y se presentará la propuesta.

“No hay que olvidar que hay una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que, en este caso, lo que debe primar siempre es el interés del menor, por encima del concepto de extranjero. Eso es muy importante y así es como tenemos que abordar, en todo caso, esta situación”, ha precisado Cancela.