El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha visitado este viernes durante una hora el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en Tenerife, para conocer cómo es la recepción de las personas migrantes que llegan a las islas.

Gabilondo, que no ha querido hacer declaraciones, estuvo acompañado por el diputado del Común, Rafael Yanes, y por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El defensor del Pueblo tiene previsto desplazarse este sábado a la isla de El Hierro para visitar el puerto de La Restinga y a los equipos de Cruz Roja.

Tras la visita del defensor del Pueblo, Rafael Yanes ha agradecido la implicación personal Gabilondo ante la complicada situación que se vive en Canarias con respecto a la acogida de migrantes.

“Desde hace año y medio estamos en permanente contacto y el defensor del Pueblo siempre se ha interesado por los medios con los que cuenta el Estado para la atención de esas personas y en particular de los menores no acompañados”, ha destacado Rafael Yanes.

El diputado del Común ha anunciado que va a abrir una actuación de oficio para conocer si el ortopantomógrafo que compró el Gobierno de Canarias para determinar la edad de los menores se pondrá próximamente en funcionamiento.

“La determinación de la edad de las personas sobre las que hay duda es fundamental para proteger sus derechos, en el caso de que sean menores”, dijo Yanes, explicó.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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En el caso de que sean menores, la competencia de su cuidado es del Gobierno de Canarias y si son mayores de edad “es competencia del Estado”, dijo Yanes.

El diputado del Común señaló que ha propuesto al resto de defensores del pueblo autonómicos para dirigirse a los gobiernos regionales en demanda de “un reparto solidario” de los migrantes menores de edad.