El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación de oficio para saber cuándo empezará a funcionar el ortopantomógrafo adquirido por el Gobierno de Canarias para determinar la edad de los menores migrantes y que permanece bloqueado en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Tenerife.

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“La determinación de la edad de las personas sobre las que hay duda es fundamental para proteger sus derechos, en el caso de que sean menores”, explicó en una nota remitida a los medios de comunicación a raíz de una visita del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al CATE de Las Raíces.

El Gobierno canario ha aclarado estos días que la compra se adjudicó el 11 de noviembre y el aparato llegó a las instalaciones el 24 de enero, y ahora se está a la espera de un ordenador para que pueda empezar a prestar servicio -en principio, la ubicación actual, pese a las quejas del comité de empresa es correcta-.

Yanes también se mostró agradecido por la implicación personal del Defensor del Pueblo con la complicada situación que se vive en Canarias respecto la acogida de personas migrantes.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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“El Defensor del Pueblo ha estado en contacto permanente con nosotros para conocer los medios con los que cuenta el Estado para atender a estos migrantes, especialmente a los menores no acompañados”, añadió.

Asimismo, reveló que, apoyado por todos los defensores del pueblo autonómicos, propuso a todos los gobiernos de las comunidades autónomas un reparto solidario en el caso de los menores no acompañados, y el cumplimiento de las competencias del Estado en materia de migración en el caso de los mayores de edad.