Canarias contará con el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural en el primer semestre de este año tras 20 años sin contar con un plan de estas características. Así lo ha asegurado este viernes la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el transcurso de una comisión parlamentaria en la que explicó cómo ha sido el proceso de elaboración y las líneas de actuación de este documento.

“Tras la culminación del proceso de consulta pública el pasado mes de diciembre, solo queda recibir los informes económicos que permitan la aplicación efectiva de este plan y continuar el proceso administrativo necesario para llevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, por lo que prevemos que el plan sea efectivo en el primer semestre de este año”, explicó Delgado, quien indicó que estará vigente entre 2024 y 2027 y contará con las fichas presupuestarias necesarias para su implementación.

El Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, impulsado por la Ejecutivo regional con la colaboración de la Universidad de La Laguna, ha sido elaborado a partir de un amplio proceso de participación comunitaria, para lo que se han promovido diferentes espacios de encuentro y trabajo compartido desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023. Canarias no contaba con una hoja de ruta de este tipo desde el año 2004.

“Como frontera sur de la Unión Europea, Canarias tiene un papel protagonista en el recorrido de las migraciones internacionales y cuenta con un alto porcentaje de población migrante en su sociedad, de ahí que debamos dar respuesta a esta realidad”, indicó la responsable del área. “Y por ello, Canarias debe contar con una herramienta operativa que permita la gestión de las migraciones y sus efectos, buscando siempre promover la convivencia y la participación de toda la sociedad”.

El Plan es transversal a todo el Gobierno de Canarias y, aunque nace de la Dirección General de Servicios Sociales, debe ser ejecutado por las distintas áreas del Gobierno que, además, han participado directamente en su elaboración.

“Este plan pretende crear, ordenar y orientar las capacidades y los recursos con los que cuenta el Gobierno de Canarias, en particular, y la sociedad canaria, en general, para seguir contribuyendo a que Canarias siga siendo un territorio de oportunidades y de convivencia ejemplar para todas aquellas personas que residen, trabajan y estudian en las islas, con independencia de su origen, tratando de sumar en una dirección que permita avanzar al conjunto de la sociedad”, afirmó Delgado.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Para el diseño y desarrollo del Plan Canario de Inmigración se ha llevado a cabo un conjunto de diversas mesas técnicas sectoriales relativas a los diferentes ámbitos de intervención del programa. En estas mesas han participado 906 personas y 389 entidades.

Además, en el proceso se ha contado con propuestas de todos los niveles institucionales presentes en el archipiélago, así como de profesionales expertas que han evaluado el impacto de género del documento.