El presidente de Canarias, Adán Martín, exigió ayer que el Gobierno constituya un gabinete de crisis sobre la inmigración irregular que llega a las islas, ya que la situación es «de emergencia» e «insostenible», al tiempo que demandó un reparto de los menores extranjeros con otras comunidades autónomas.


Martín pidió más medios y la solidaridad del resto del Estado ante el «río de cayucos» que sufre la comunidad, y opinó que si los inmigrantes llegaran a las costas peninsulares «se hubiera visto como un problema más cercano». El jefe del Ejecutivo canario mostró su disposición a aceptar un 4% de los cupos de inmigrantes, siempre que cese la llegada de personas sin papeles a Canarias, y reclamó más medidas para atajar el problema. «La inmigración masiva no se puede volver algo normal; es una burbuja que se va inflando y terminará estallando», afirmó.


Explicó que en lo que va de año han arribado a las islas 16.400 inmigrantes, cuatro veces más que en el mismo período del año pasado (4.751). En los centros de internamiento hay 649 menores (200, a principios del 2006), cuya manutención cuesta 30.000 euros al año por persona, con un gasto directo anual de 18 millones de euros para las arcas autonómicas, cuando éste, según Martín, es un problema del Estado.


La Guardia Civil prolongará tres meses más las labores de vigilancia de la inmigración ilegal en aguas de Mauritania, desde donde ha impedido el viaje a Canarias de 1.243 personas al interceptar hasta esta semana 24 cayucos y un barco de inmigrantes irregulares.


El director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, se entrevistará hoy con los tripulantes de la patrullera Río Duero , con base habitual en Marín y destinada a la vigilancia en Mauritania junto a un helicóptero y al buque Petrel, de Vigilancia Aduanera.


Según Joan Mesquida, las autoridades mauritanas no pueden afrontar en solitario el fenómeno de la emigración en un país que tiene una costa de entre 600 y 700 kilómetros de extensión y que no dispone de un servicio de vigilancia marítima.


Esa es la coyuntura que ha motivado la decisión del Gobierno español, que ha facilitado al mauritano cuatro patrulleras de la Guardia Civil para controlar sus costas y ha ofrecido formación profesional a tripulantes, buzos y miembros de los equipos de rescate del lugar. «La idea es que esto sea un embrión de un futuro servicio de vigilancia marítima» en Mauritania, según apostilló el máximo responsable de la Guardia Civil.


Mesquida también anunció que el dispositivo programado por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para controlar la llegada de inmigrantes a Canarias se reforzará la semana próxima con un buque italiano que, desde el 25 de agosto, patrullará en aguas de Senegal.