Lanzarote es, desde hace años, una de las islas a la que más pateras llegan del Archipiélago. El crecimiento de las llegadas no siempre ha ido de la mano del aumento de los recursos para asistir a los migrantes. Este desajuste ha dejado en la isla estampas como el hacinamiento de mujeres, hombres y niños en una nave industrial y sin duchas o el traslado de los supervivientes al aparcamiento de la comisaría de la Policía Nacional para que los agentes procedieran a su filiación. Las propuestas del Estado para ampliar la red de dispositivos se han topado con el rechazo de la derecha.

El Consejo de Ministros desbloquea el campamento de atención temporal para migrantes de Lanzarote

El Ministerio de Migraciones ha anunciado la próxima apertura de un nuevo centro de acogida de migrantes en Lanzarote. Tal y como informó el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se trata de un recurso con capacidad para unas 400 personas, una cifra que dista de la capacidad de centros como Las Raíces, en Tenerife, que cuenta con 2.000 plazas. ‘’No se trata de un macrocampamento’’, aseveró Pestana en declaraciones a los medios.

Altos cargos del PP han participado en una protesta de vecinos de Güime, en San Bartolomé, para frenar la instalación. Entre los políticos del PP que se han movilizado están el vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la teniente alcalde de Teguise, Rita Hernández. En un comunicado, el partido ha insistido en su rechazo a la construcción de “macrocentros de inmigrantes en la isla”.

Coalición Canaria y Vox también se han alineado con el PP y se han opuesto a la creación de este recurso de acogida. ‘’La principal conclusión del encuentro es la firme voluntad tanto de CC como de la propia ciudadanía de hacer todo lo posible para que Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno canario hagan un frente común que se oponga a la construcción del macrocentro’‘, señalan desde Coalición Canaria en un comunicado. Además, la formación nacionalista aspira a que el Estado cuente con el visto bueno de Canarias ’’para llevar a cabo cualquier acción en el Archipiélago sobre esta materia“.

Hasta ahora, los supervivientes en Lanzarote son acogidos en el centro de Montaña Mina, en San Bartolomé. ‘’Se trata de un recinto alquilado, y estamos buscando recursos estables. Es lo que han pedido las organizaciones y los territorios’’, señalaron desde la Delegación del Gobierno en Canarias.

Según informó el delegado entonces, aún no se ha acordado con el Ayuntamiento del municipio la ubicación del nuevo centro, que será de ’’tránsito’’ hasta que los migrantes sean derivados a la Península.

El alcalde del municipio, Isidro Pérez (PSOE), ha manifestado en declaraciones recogidas por Efe que está a favor de la construcción de un centro de acogida en la isla, sea o no en su municipio. Sin embargo, rechaza que sea en Güime, el lugar que se ha barajado hasta entonces. Aunque el suelo planteado es propiedad del Estado, el alcalde afirma que se trata de un espacio protegido por sus valores paisajísticos y medioambientales.

Un ‘’espectáculo esperpéntico y xenófobo’’
A través de un comunicado, el PSOE de Lanzarote ha tachado de ‘’espectáculo esperpéntico y xenófobo’’ la concentración a la que acudieron cargos públicos del PP, de CC y de Vox. ‘’La concentración plantea un debate estéril y tiene una motivación falsa, después de que se haya aclarado que el recurso asistencial no se creará en la localidad de Güime’‘, sostiene el partido. ’’Persigue únicamente un ejercicio público de la derecha de incitación al odio, con objetivos puramente demagogos y electoralistas’’, dice el PSOE.

Asimismo, el PSOE apunta a una ‘’preocupante disonancia’’ en las posturas de CC en Lanzarote y en el ámbito regional. ’’Mientras en Canarias se construye un Pacto Social por la inmigración aprobado por la mayoría de fuerzas políticas, que busca la unión para mejorar la respuesta ante el fenómeno migratorio, CC en Lanzarote se posiciona sin sonrojarse en contra de mejorar la asistencia para la atención humanitaria“, dicen desde el partido.

El CATE de Arrecife
La creación del CATE móvil de Arrecife tampoco estuvo exenta de choques políticos. El Ayuntamiento capitalino, dirigido entonces por Astrid Pérez (PP), bloqueó los permisos necesarios para que el centro entrara en funcionamiento, aunque Interior ya lo había montado. Mientras tanto, los supervivientes eran atendidos en una nave industrial sin camas suficientes y sin duchas.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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La exalcaldesa no ocultó su rechazo al CATE, diciendo que el centro se convertiría en el nuevo muelle de Arguineguín, haciendo referencia al puerto de Gran Canaria que hacinó en 2020 a 2.600 personas. Ante el bloqueo del Ayuntamiento, el Consejo de Ministros tomó la decisión de declarar la obra de interés general, de manera que el dispositivo policial ya no necesitaba el permiso del municipio para poder funcionar.

Una vez operativo, el PP de Arrecife presentó una moción para exigir a Interior que retirara el centro de la ciudad y que lo reubicara ‘’en otro emplazamiento más adecuado de la isla“. ’’ El CATE está instalado en pleno centro de la ciudad, algo ilógico que no ocurre en otras grandes ciudades, donde suele estar instalado en puertos o en zonas alejadas al casco urbano de la ciudad”, rezaba el documento.