París, 22 feb (EFE). – La comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pide a los Estados europeos que pongan fin a la “represión” de los defensores de migrantes y demandantes de asilo, en un informe en el que denuncia la violencia, amenazas en su contra, así como la criminalización de su acción.

“Esta política deliberada atenta contra los derechos humanos de los actores de la sociedad civil y de las personas a las que ayudan”, señala este jueves en un comunicado Mijatovic, que insiste en que eso “corroe el tejido democrático de las sociedades”.

En su lugar, considera que “los gobiernos europeos deberían ver a los defensores de los derechos humanos como socios que pueden contribuir a que las políticas de asilo y de migración sean más eficaces y respetuosas con los derechos humanos”.

La comisaria examina en su informe algunos problemas que afrontan esas personas, como “declaraciones hostiles y estigmatizantes de representantes gubernamentales, parlamentarios y ciertos medios de comunicación”, o “violencia y amenazas” con una falta de reacción de las autoridades.

También constata una “criminalización del trabajo humanitario o de la defensa de los derechos humanos de los refugiados, de los demandantes de asilo o de los migrantes por una aplicación demasiado amplia de las leyes sobre el tráfico ilícito de migrantes”.

Asimismo, detecta la negativa de acceso a lugares que son esenciales para que puedan supervisar si se respetan los derechos de esos colectivos, como los centros de detención o las zonas fronterizas.

Mijatovic, que finaliza su mandato el próximo mes de abril, se queja de que, en el contexto actual de “políticas de asilo y de migración represivas”, “militarizadas” y marcadas por la seguridad, los Estados “cada vez descuidan más su obligación” de velar para que esos defensores de los derechos humanos puedan trabajar “en un entorno seguro y favorable”.

Hace hincapié en que esa “represión” se ejerce durante las operaciones de salvamento en el mar, pero también cuando ofrecen ayuda humanitaria o asistencia jurídica, cuando llevan a cabo acciones de vigilancia en las fronteras, hacen una cobertura mediática o llevan a cabo procedimientos contenciosos.

Entre las medidas que considera urgentes para corregir esa situación, la comisaria europea cita la reforma de las leyes, de las políticas y prácticas que obstaculizan su actividad o velar para que las leyes contra el tráfico ilícito de migrantes no penalicn ninguna actividad de defensa de los derechos humanos o de ayuda humanitaria.