Madrid – Nicolas Sarkozy ya lo dejó claro hace menos de un mes: «Francia no
hará una regularización al estilo de España e Italia». Las autoridades
francesas han decidido enfrentarse de manera firme al problema de la
inmigración descontrolada, que tantos disgustos les trajo el pasado mes de
noviembre. Los disturbios callejeros en París fueron la prueba irrefutable
de la incapacidad de un Estado para responder a las demandas de un sector
de la población que crece sin límites.
   Ayer, como preludio
de la política de inmigración selectiva que pretende llevar a cabo
Francia, la Policía francesa procedió al desalojo de la antigua ciudad
universitaria de Cachán, en la periferia de París. El inmueble,
considerado como el mayor recinto ocupado ilegalmente del país, albergaba
a casi un millar de personas, principalmente africanos en situación
irregular. La intervención de las fuerzas del orden en esta «ciudad okupa»
fue solicitada por el rector académico de Creteil por la «degradación
constante» del edificio y por el «peligro de incendio». En torno a lo que
fue el centro educativo ha sido instalado un fuerte control de seguridad
para impedir las salidas y los accesos al mismo. Los «residentes» del
antiguo campus respondieron al «allanamiento» policial lanzando objetos
por las ventanas, según la Red de Educación sin Fronteras, muy activa este
verano por la amenaza de expulsión que pesa sobre cientos de menores
escolarizados cuyos padres están en situación irregular. El proceso
regularizador galo, basado en el modelo de inmigración a la carta ideado
por el ministro del Interior francés, supondrá la expulsión de 25.000
familias extranjeras, que deberán abandonar el territorio galo en el plazo
de un mes.
   El 13 de agosto terminó el plazo para presentar las
solicitudes de residencia. Han sido casi 30.000 las familias que han
pedido quedarse en Francia aunque sólo se tramitarán 5.000 o 6.000 de esas
demandas. Que la respuesta sea afirmativa depende de unos criterios
basados en que los inmigrantes tengan un sincero deseo de integrarse en la
sociedad francesa. Los principales condicionantes son que uno de los
padres resida en Francia desde hace al menos dos años, que tengan algún
hijo escolarizado desde al menos uno, que el menor carezca de lazos con el
país de origen de sus progenitores y que las familias hayan demostrado una
verdadera voluntad de integración. Con esto se pretende que sólo se queden
en territorio francés la cifra de inmigrantes a la que el Estado pueda
hacer frente, y al mismo tiempo evitar la formación de guetos culturales
en los suburbios de las principales ciudades francesas. En opinión de
Sarkozy, el modelo de «papeles para todos» favorece «a las redes que
trafican y explotan a seres humanos».