Las autoridades francesas movilizaron ayer un espectacular dispositivo policial para desalojar a un millar de inmigrantes okupas, que desde hace más de cuatro años vivían hacinados y en condiciones precarias en los locales de una antigua residencia universitaria en Cachan, en las afueras de París. Los okupas, la mayoría de origen africano, habían transformado el lugar en el mayor edificio ocupado de Francia. Los desalojados en situación irregular, casi la mitad, serán expulsados en los próximos días.
La operación, que se inició a las 9 de la mañana y se prolongó prácticamente durante todo el día, provocó vivas protestas de las asociaciones de defensa de los derechos humanos y de los inmigrantes, que montaban guardia para evitar el desalojo.
En lugar de intervenir a las 6 de la mañana como es habitual en Francia, los más de 200 policías y antidisturbios, apoyados por bomberos y miembros de la Cruz Roja, esperaron a que los hombres abandonaran la residencia para ir a trabajar y desalojaron a centenares de mujeres y a 200 niños que no opusieron ninguna resistencia.

ANTIDISTURBIOS
“El dispositivo era impresionante”, explicó a los periodistas Pablo Krasnopolsky, portavoz de la Red de Educación sin Fronteras (RESF). “Decenas de camiones rodearon el perímetro y los antidisturbios ocuparon las cinco plantas del inmueble dispuestos a forzar las puertas y calmar cualquier conato de rebelión”, añadió. Pero no hubo incidentes. Los adultos, en su mayoría mujeres vestidas con el bubú, su ropa tradicional, fueron saliendo con los bultos y los niños llorando.
Las mujeres y los niños hicieron cola durante horas ante las carpas de la Cruz Roja para un control médico antes de ser interrogados por la policía judicial, que examinaba la situación caso por caso. Las familias con papeles fueron conducidas a una de las 350 habitaciones de hotel pagadas por un mes en las localidades de Sucy – en – Brie y Orly. Los solteros sin papeles, en cambio, fueron detenidos y conducidos a centros de retención para su “expulsión inmediata”, indicó un portavoz de la Liga de los Derechos Humanos.
La prensa fue mantenida a distancia para evitar imágenes espectaculares como la de una mujer debatiéndose en el suelo bajo la mirada aterrorizada de su hijo, detrás de un furgón policial al que se negaba a subir. En la calle, vecinos y simpatizantes acudieron para solidarizarse con las familias y se quedaron para “vigilar” que, “al menos, el trato policial” fuera “correcto y legal”, dijo
una vecina.
El desalojo fue solicitado, según la prefectura, por el rector académico de la Universidad de Créteil (de la que depende la residencia) por la “degradación constante” del inmueble ocupado y por los “peligros de incendio”. La RESF, organización que defiende la legalización de las familias de menores escolarizados en Francia, denunció que se había producido “una operación de propaganda” del ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, para demostrar su firmeza ante la inmigración ilegal.

UNA ORDEN DEL 2004
La evacuación del inmueble había sido ordenada por un tribunal administrativo el 14 de abril de 2004. Pero los ocupantes estaban negociando la posibilidad de quedarse. “Solo queremos vivir tranquilos”, repetía ayer indignado Youssouf, ciudadano de Mali con papeles, cuatro hijos y un trabajo regular que sin embargo no le permite alquilar un alojamiento decente.
También ayer, otras cinco familias fueron desalojadas de un edificio en el centro de París y las asociaciones temen nuevas expulsiones.