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El Grupo Socialista inició ayer el trámite para instar al Gobierno a que suscriba los convenios que permitan votar en las elecciones municipales a los extranjeros no comunitarios con permiso de residencia en España. La medida se orienta especialmente hacia los nacionales de países con los que el nuestro mantiene una vinculación especial, y persigue asentar la idea de ciudadanía iberoamericana, aunque no se ciñe en exclusiva a los estados latinoamericanos. Al contrario, el criterio jurídico principal para permitir el voto será la existencia de convenios de reciprocidad con sus países de procedencia, como establece la Constitución. Y el criterio político, promover la integración de la población inmigrante, depositaria de derechos en la misma medida en que lo es de obligaciones como el pago de impuestos.
Con Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, el principio de reciprocidad está garantizado y el derecho a votar depende solo de las gestiones que ponga en marcha el Gobierno. Para los ciudadanos de otros países, el compás de espera será más largo, empezando por los originarios de Ecuador, cuya Constitución prohíbe el voto a los extranjeros. Y, aún más, para las personas nacidas en países que carecen de democracia o tienen un régimen de perfiles imprecisos. Pero sería ilógico retrasar una reforma adoptada por otros socios de la UE con el único pretexto de evitar situaciones solo aparentemente discriminatorias.