En estos últimos meses el gobierno ha pasado numerosas líneas rojas, nunca antes rebasadas, en materia de migración probablemente porque la migración sea un tema menor ahora, como la sequía o la agricultura en comparación con la amnistía, único tema que centra en el debate político.

Y hablo de líneas rojas porque en estos últimos meses ha habido una serie de noticias que jamás se habían producido en materia migratoria. Por ejemplo, el Ministerio del Interior está dejando viajar a menores migrantes sin regularizar ni acompañamiento en avión, o si no cómo es posible que tantos subsaharianos que llegan de Canarias a los CAED (Centros de Acogida de Emergencia y derivación), viajen a esas comunidades y se declaran allí menores, siendo atendidos por los servicios de protección de menores de esas diferentes comunidades autónomas.

Cómo es posible, por ejemplo, que se haya traspasado la línea roja de atender en un centro de adultos, a 140 menores como pasó este mismo mes de febrero en Tenerife. Como bien saben los adultos internos pueden representar un riesgo para la seguridad y el bienestar de los menores, por eso tenemos algo que se llama la ley de protección al menor.

Pero hay más no se crean. Cómo es posible que se haya traspasado la línea roja de que aún con el dictamen del Tribunal Superior, firme desde el mes pasado, sobre la devolución de menores por parte del ministerio del Interior en mayo de 2021, aquellos que ordenaron esa ilegalidad siguen siendo los mismos responsables en el Ministerio. Acuérdense que esta sentencia pone de manifiesto la vulneración del interés superior del menor y en mayor medida, la ausencia de un trato personalizado a los menores, que es el espíritu de la ley.

¿Y ante todo esto que se hace? Pues las únicas políticas claras en esta materia son, o por lo menos esas son las interrumpidas declaraciones sobre este tema desde el Gobierno, la de regar de manera regular con más millones de euros aquellos territorios donde esta situación se está produciendo.

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Pero es que esto es también una línea roja que se rebasa ya que dicho dinero sólo está sirviendo para ampliar una red de centros que no realizan ningún tipo de acción de inclusión social, sino que debido al número de personas que atienden sólo pueden hacer una mera intervención humanitaria y asistencial, lo que de alguna manera también falta al espíritu que deberían tener aquellos centros donde se atienden a menores o jóvenes en pro de su inclusión social.

Ahí lo tienen. Líneas rojas que nunca se habían traspasado. Líneas rojas que no parecen tener ningún tipo de trascendencia, donde las malas praxis se institucionalizan, nadie se hace responsable y donde hay un silencio ensordecedor de los gestores sin ánimo de lucro de los recursos necesarios para que éstas, hablémoslo claro, alegalidades, se produzcan.

Además, se da un hecho paradójico, se está siendo cómplice claramente de algo muy curioso, lo que no le permitimos a nuestros hijos, sí lo hacemos para los hijos de otros, los migrantes, lo que nos habla al menos de una «asimetría» de facto, que esperemos que no tenga nada que ver con razones étnicas ni raciales.

Líneas rojas que no parecen importar. Que no parecen centrar la agenda del gobierno que se encomienda a que las personas sean absorbidas de manera informal por el mercado laboral o pasen a la península y desde aquí vaya desapareciendo poco a poco por nuestras fronteras, formando parte de los problemas de otros, como una suerte de política de la patata caliente.

La migración, al lado de la amnistía, no parece ser un tema mayor después del año donde nunca antes tantas personas habían entrado en nuestro país de manera irregular, poniendo en cuestión un sistema que necesita también de la acción legislativa, y donde nunca antes se habían rebasado determinadas líneas rojas.