El viaje a Mauritania de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, demuestra que la crisis migratoria que sufre Canarias desde el año pasado está muy lejos de remitir. Los datos son elocuentes: según el Ministerio del Interior, en enero llegaron a Canarias 7.270 personas –el delegado del Gobierno aumentó la cifra a 9.700–, lo que supone un récord histórico. Y solo el fin de semana pasado, el primero de febrero, lo hicieron 1.154. En lo que llevamos de año las llegadas superan las 10.000.

Si se continúa a este ritmo la cifra histórica de 2023 puede ser superada este año con amplitud. ¿Qué sucede para que la presión migratoria sobre las costas canarias no descienda? En esencia, lo mismo que el año pasado: una situación política muy complicada en África, los estragos del cambio climático, que complican mucho la situación económica, y por supuesto la ausencia de estructuras de estado fuertes en países como Mauritania o Senegal, con muchos kilómetros de costa desde los que salen cientos de cayucos fletados por las mafias que trafican con seres humanos y que, aunque quisieran sus autoridades, son muy difíciles de controlar por las Fuerzas de Seguridad de estos países.

No obstante, sí ha habido un cambio notable desde finales del año pasado. Entonces la mayoría de los cayucos que llegaban a las costas canarias zarpaban desde Senegal; pero tras el viaje a ese país del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pudo tapar en parte esa vía de agua, pero de inmediato se abrió la de Mauritania.

El dato es interesante, porque hasta entonces la situación en Mauritania estaba bastante controlada, por lo que se demuestra una vez más que cuando se cierra una vía de salida de migrantes las mafias que trafican con seres humanos abren otra de inmediato. La prueba es que ocho de cada diez cayucos que llegan ahora a las islas parten desde costas mauritanas.

La inestabilidad política, no solo en Senegal donde en los últimos días se han recrudecido los incidentes por la decisión de su presidente de retrasar las elecciones hasta diciembre, sino también en varios países del Sahel y África subsahariana, hace que se multipliquen los candidatos a la emigración. Solo en el campo de Mbera, en la frontera de Mali con Mauritania, hay más de 90.000 personas y la cifra aumenta. Muchas de ellas huyen de la guerra entre tuaregs, yihadistas y las Fuerzas Armadas. Desde 2019 el número de refugiados y peticiones de asilo se ha duplicado, hasta alcanzar las 112.000 en 2023 según el Gobierno mauritano.

Tal como sucedió hace meses, en el viaje del primer ministro de Italia con la presidenta de la Comisión Europea a Túnez para afrontar la crisis migratoria en ese país, se esperaba que ahora se anuncien ayudas europeas para Mauritania por valor de unos 200 millones de euros, que se sumarán a los fondos que aportará el Gobierno español. Al anuncio de la presidenta de la Comisión Europea se sumó efectivamente un plan de inversiones anunciado por Pedro Sánchez que alcanzará los 310 millones de euros en el país africano en los próximos años. Se trata de combinar los acuerdos de colaboración policial para un mayor control fronterizo –la Policía y la Guardia Civil ya tienen patrullas conjuntas con las Fuerzas de Seguridad de ese país– con inversiones en la zona prioritarias para el Ejecutivo mauritano.

Uno de los principales problemas es que hay que controlar muchos kilómetros de costa. Hasta ahora el punto de partida fundamental de cayucos era Nuadibú, pero ahora se han multiplicado los puntos de salida por todo el litoral. Esto obliga a desplegar más medios, humanos y materiales, de los que carece Mauritania, por lo que hay que proporcionárselos.

En todo caso, las respuestas que se puedan dar serán siempre parciales, porque las causas estructurales de este fenómeno permanecen. Además, aunque a finales de año se firmó el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que recoge por primera vez el «principio de solidaridad» entre los países para ayudar a los que más presión migratoria soportan, como es el caso de España, lo cierto es que el propio acuerdo recoge que es una «solidaridad a la carta», porque los estados pueden renunciar a aceptar inmigrantes a cambio de una cantidad de dinero.