SAN SEBASTIÁN. DV. «No son mendigos, ni gente que pide por la calle. Puede ser el vecino que vive al lado o cualquier familia que pasa por una racha mala y necesita ayuda». En la actualidad, 4.111 familias cobran la renta básica en Gipuzkoa. Esta ayuda, antes conocida como Salario Mínimo de Inserción, está destinada a garantizar unos ingresos mínimos en la unidad de convivencia económica o familia y tiene un carácter alimenticio. Por ejemplo, un guipuzcoano que tras agotar el paro cobra el subsidio de desempleo – en la actualidad 383,28 euros mensuales – puede solicitar la renta básica, con la que completaría sus ingresos hasta los 769,88 euros mensuales, en el caso de que la familia estuviera compuesta por tres miembros.

En lo que respecta al conjunto de Gipuzkoa, el número de perceptores no ha parado de aumentar en los últimos seis años. De 2000 a diciembre de 2005, se ha pasado de 2.668 familias a 4.111, lo que supone un aumento del 35%. La razón de estos incrementos se encuentra en la llegada de inmigrantes al territorio – son el 14% de los perceptores – y la apertura a partir del año 2000 de la posibilidad de obtener esta ayuda a los mayores de 65 años, que ahora suponen el 14% de los beneficiarios.

Antxon Arrieta, jefe de sección de Prestaciones Económicas de la Diputación de Gipuzkoa – institución encargada de otorgar la ayuda – , considera que «si se eliminara la participación de las personas mayores, el número de beneficiarios de la renta básica se reduciría del 2004 al 2006, al menos en la última evolución».

En 2000 la normativa autonómica sobre la renta básica abrió a los mayores de 65 años la posibilidad de acceder a esta ayuda. Si a diciembre de 2000 sólo 3 perceptores mayores de 65 años eran las que habían cobrado esta ayuda, al año siguiente el cambio de normativa hizo que la cifra aumentara a 219 expedientes. En la actualidad, rondan los 600.

La cifra de perceptores de renta básica de más de 65 años sufrió otro incremento a partir de 2004, año en el que se aumentó un 16% la cuantía de esta ayuda. «Al principio, en 2001, dentro de los requisitos económicos entraban los mayores de 65 años perceptores del SOVI, Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (actualmente en 327 euros), o viudedades parciales. Con la renta básica se completaban sus ingresos. Pero a partir de 2004, entran ya todos los perceptores de pensiones mínimas de jubilación, de invalidez que, si no tienen otros ingresos, pueden solicitar la renta básica», asegura el jefe de Prestaciones Económicas.

El propio incremento de la prestación en un 16% ha hecho también que, atendiendo a todas las franjas de edades, haya más gente que cumpla los requisitos para poder acceder al salario social.

En lo que respecta a los inmigrantes, si en 2000 la cifra no llegaba al 5% (131 perceptores), a 31 de diciembre de 2005 son ya casi 600 (el 14,4% del total). En la actualidad, sólo el 53,7% de los beneficiarios son nacidos en Gipuzkoa.

El 67% son mujeres

El aumento del peso de estos nuevos perceptores ha hecho que el perfil de los beneficiarios de la renta básica en Gipuzkoa sea de lo más heterogéneo. Así y todo, las estadísticas de la Diputación revelan que siete de cada diez son mujeres y que el grueso de perceptores (50%) se encuentra entre los 30 y 50 años y representan a familias formadas por dos miembros. No obstante, entre los actuales beneficiarios también hay unidades convivenciales de diez y once miembros en el mismo hogar.

En cuanto a los ingresos, cuatro de cada diez perceptores declararon no tener ningún tipo de ingreso mensual, aunque el 10% de los beneficiarios contaba con mensualidades de más de 600 euros. Si se tiene en cuenta el lugar de residencia, más del 70% de los perceptores se concentra en el eje Donostia – Irun.

«La filosofía de la renta básica es que sea una ayuda temporal. Éste es el carácter que tiene en los perceptores jóvenes. No obstante, hay ciertos colectivos que se amoldan a esta renta, como pueden ser los pensionistas por una incapacidad total. Además, a partir de los 50, hay gente gente que tira la toalla en la búsqueda de empleo, lo que crea un problema estructural», asegura Arrieta.

Doce pagas

La renta básica está dirigida a cubrir las necesidades básicas de las unidades económicas de convivencia independiente sin recursos económicos. Se trata de un subsidio o un complemento para el que no es necesario haber cotizado nada anteriormente. Los requisitos para acceder a ella, excepciones aparte y como norma general, son ser mayor de 23 años, estar empadronado en el País Vasco con un año de antigüedad y no tener ingresos superiores al importe de la prestación que se ofrece.

La ayuda se concreta en doce pagas y la cuantía varía dependiendo de los miembros de la unidad convivencial. Una persona que vive sola cobraría 12 pagas de 549,01 euros. Aunque las conceda la Diputación, la ventanilla de entrada son los servicios sociales de los Ayuntamientos. El año pasado, la Diputación de Gipuzkoa destinó más de 21 millones de euros a la renta básica.

La normativa actual de la renta básica busca además incentivar la búsqueda de empleo de los perceptores y la participación en cursos de formación para desempleados.

«Existe – añade el jefe de Prestaciones Económicas de la Diputación – el llamado estímulo al empleo, que hace que la renta básica, si se destina para completar los ingresos de un salario bajo, tome como base una cuantía inferior al salario neto que cobra. Se trata de premiar el trabajo».

Junto a la renta básica, el sistema de protección contempla otras asistencias «como la ayuda de emergencia social (AES), que se solicita y se resuelve en los ayuntamientos. La finalidad de las AES son gastos especiales como el alquiler, la compra de electrodomésticos, deudas…», afirma el jefe de Prestaciones Económicas de la Diputación.

Con la renta básica, además, se da un fenómeno de pseudoduplicidad en el concepto de la ayuda. En este sentido, Antxon Arrieta denuncia que «el Estado está negando en Euskadi el cobrar la Renta Activa de Inserción – un salario social que se otorga a mayores de 45 años – a quienes ya cobran la renta básica».

Lo que en toda España se reconoce para personas que no tienen ingresos – continúa Arrieta – , al existir en Gipuzkoa la renta básica, ellos ya no la reconocen, cuando la ayuda del Estado tendría que ser prioritaria a la de la Diputación, ya que todos los ciudadanos estamos cotizando al INEM. Es injusto porque vía cupo lo estamos pagando. La prioridad deben de ser las prestaciones cotizadas, luego las no cotizadas estatales y luego las no cotizadas autonómicas y locales».