El ambiente de crispación que se respira en el Congreso«preocupa mucho» al Gobierno de Canarias porque afecta tanto a la negociación de asuntos pendientes con el Estado como a la ejecución de las cuentas de la comunidad autónoma.

Una de las consecuencias de esta tensión es el probable retraso de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista inicialmente para el primer trimestre del año, pero que tras el rechazo de los objetivos de estabilidad por parte de la mayoría popular en el Senado, ya no parece probable.

El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, destaca que el Gobierno «se ha ocupado y preocupado» por mantener a raya la tensión en las islas y «lograr un buen equilibrio con la oposición».

Sin embargo, el retraso de las cuentas «está costando oportunidades»al archipiélago porque «el grado de incertidumbre» impide avanzar en asuntos pendientes con el Estado .

PENDIENTE
Negociación Canarias se muestra preocupada por los retrasos que registran los distintos asuntos canarios que se deben negociar con Madrid y que dependen de los presupuestos.

Convenios Aunque se trabaja con distintos ministerios en abordar convenios pendientes, lo cierto es que no pueden aportar cifras a la negociación porque «no hay reglas de juego».

Avances En cambio, se registran avances en asuntos que no dependen de partidas presupuestarias, como los relativos a las mejoras en migración.

Este escenario, dice, «nos obliga a estar recalculando continuamente diferentes posibilidades» y no permite trabajar en «líneas estructurales importantes», como algunos convenios recogidos en la agenda canaria.

Sin reglas de juego
Estos acuerdos, apunta Cabello, han sido abordados con distintos ministerios, pero se está produciendo un «enfriamiento» porque «mientras el Ministerio de Hacienda no dé un paso, el resto de departamentos no puede despejar fichas financieras porque no hay reglas de juego».

Todas las áreas del Gobierno de Canarias, explica Cabello, están preparadas para desarrollar proyectos y abordar asuntos que se siguen retrasando, desde infraestructuras educativas, inmigración, crisis energética, etc.

Así, señala que entre los asuntos más importantes que pueden dilatarse por falta de presupuesto figuran una partida 35-40 millones para infraestructuras educativas o los convenios vinculados a la crisis hídrica en los que trabajan conjuntamente la Consejería de Política Territorial, ayuntamientos y cabildos.

Liquidación
También se refirió el viceconsejero a los 280 millones de superávit provenientes de las entregas a cuenta del sistema de financiación y la liquidación del ejercicio de 2022, que siguen «bloqueados».

Y es que, a pesar de que Canarias cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, no se pueden ejecutar y gastar en servicios, sino destinarlos a deuda. El Gobierno autonómico mantiene que, teniendo una deuda «manejable», se pueda flexibilizar la regla de gasto.

Critica además la continua sucesión de «titulares sin propuestas concretas detrás», como la negociación de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) durante este mes de febrero.

Aunque aún no hay nada cerrado al respecto, puntualiza, Canarias ya ha manifestado que ésta «no es su prioridad», puesto que el nivel de deuda, sobre todo la que tiene contraída con el FLA, es «muy manejable». Lo que necesita el archipiélago, insiste, es «un trato que contemple otras variables».

Más lentos
Todas estas circunstancias, reitera, «hace que vayamos más lentos». Al respecto, reconoce que el intercambio de documentación con el Estado acordado tras la reunión del presidente, Fernando Clavijo, con la ministra María Jesús Montero se intensificó en la segunda quincena de enero «cuando parecía que se iba a aprobar la amnistía, pero se volvió a parar todo».

Ahora este trabajo está «ralentizado» aunque se está «muy operativo en asuntos que no dependen de partidas económicas» como los concursos en materia energética o la inmigración, apunta el portavoz.

Cambios legislativos
El Gobierno de Canariastampoco está satisfecho con la respuesta que está obteniendo del Estado sobre la modificación legislativa necesaria para que la acogida de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades sea vinculante y no quede sometida a la voluntariedad de cada Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha insistido en reclamar «celeridad» y ha puesto como ejemplo que Madrid «se ha dado prisa en otros iniciativas» en referencia a la ley de amnistía negociada con Junts.

El Gobierno regional ha puesto sobre la mesa cuatro modificaciones legislativas para que el Estado «diga cual le parece mejor o que presente otra alternativa».

De estas propuestas, entiende que el cambio del Código Civil puede ser la fórmula más rápida porque puede llevarse a cabo mediante la aprobación de un decreto ley en la mesa del Consejo de Ministros. De momento, El Ejecutivo central ha señalado que tendrá un posicionamiento a finales de marzo.

El planteamiento propuesto pasa por que la tutela de los menores sea asumida por el Estado y, por tanto, sea responsable desde el primer momento de estos niños y niñas y encargado de su distribución entre las distintas comunidades.

En cuanto a los criterios para llevarlo a cabo, el Ejecutivo de Clavijo considera que se podrían mantener los establecidos por la conferencia sectorial para decidir el traslado de 347 menores acordado en el mes de octubre, pero está abierto a que Madrid disponga otros baremos.

De los chicos que debían desplazares a otras comunidades no ha salido ni uno desde el archipiélago. Aunque se está negociando con cinco autonomías y ya estaba el convenio firmado con Aragón para el traslado de 24 menores, el vicepresidente de esta comunidad, de Vox, ha dicho que no recibirá a ningún inmigrante que llegue desde Canarias.