Los cayucos siguen arribando sin cesar a la costa canaria, cargados de historias trágicas. Alrededor de 600 ‘sin papeles’, incluidos varios menores, han llegado al archipiélago en las seis embarcaciones detectadas desde el miércoles. Los rigores de la travesía han provocado la muerte de dos subsaharianos y heridas a otros tres, todos ellos pasajeros de una de las pateras interceptadas ayer, según informaron los servicios de emergencia. El presidente de las islas, Adán Martín, ha reclamado que se constituya un gabinete de crisis sobre la llegada de inmigrantes por mar y ha exigido que los menores extranjeros se repartan entre todas las comunidades autónomas, ya que los 649 acogidos actualmente en su territorio suponen un gasto anual de 18 millones de euros.

El miércoles se localizaron cuatro cayucos, con 396 ‘ilegales’ a bordo, y ayer fueron tres las embarcaciones y alrededor de 200 los pasajeros. Dos de ellas, que sumaban unos 120 subsaharianos, fueron avistadas en aguas de Tenerife y trasladadas al puerto de Los Cristianos. La tercera navegaba al sur de Gran Canaria cuando la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a sus 81 ocupantes, entre los que había dos personas fallecidas y tres con diversas lesiones. Aunque todavía no habían llegado al muelle al cierre de esta edición, los servicios de emergencia avanzaron que el pronóstico de los heridos no era grave.

Desde principios de año, más de 16.400 inmigrantes han desembarcado en el litoral canario. Adán Martín calificó la situación de «crítica» y pidió un gabinete en el que estén representados los ministerios de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Trabajo y Asuntos Sociales, de manera que se pueda responder al «río de cayucos» que fluye de Senegal al archipiélago. El punto que más preocupa al presidente autonómico es el de los menores extranjeros, que ya han «desbordado» los recursos de su comunidad. El año empezó con 200 menores acogidos, ahora hay 649 y las previsiones apuntan a que en diciembre serán 900. Según Martín, cada uno de ellos supone un coste aproximado de 30.000 euros anuales que asume su Ejecutivo, cuando en realidad las competencias de inmigración y política exterior corresponden al Estado y a la Unión Europea.

Prórroga en Mauritania

La consejera de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, recalcó que este problema no se soluciona con que «una comunidad diga que acoge a cuatro y otra a doce», sino con un reparto proporcional, y consideró necesario un cambio en la ley, ya que los artículos sobre menores en desamparo están concebidos para niños maltratados o huérfanos y no para extranjeros que vienen a trabajar. Finalmente, la consejera demandó al Gobierno central que asuma su responsabilidad de buscar a los parientes para reagrupar a las familias, ya que los menores telefonean a diario a casa, pero la Policía Nacional no investiga las llamadas.

Por su parte, el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, aseguró ayer que el instituto armado «no está desbordado» por la constante llegada de inmigrantes a Canarias. Según anunció, la patrullera ‘Río Duero’ va a prorrogar durante tres meses su misión en Mauritania, que ha permitido apresar hasta el momento 24 cayucos con 1.243 ocupantes. De forma paralela a esta vigilancia, el Gobierno español ha facilitado al mauritano cuatro embarcaciones y ha brindado formación a tripulantes, buzos y efectivos de rescate del país africano. «La idea es que sea el embrión de un servicio de vigilancia marítima», detalló Mesquida.