Las ONG piden al Gobierno que no ponga «parches» y tenga la valentía de reformar la Constitución El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó ayer que la iniciativa para permitir que los extranjeros no comunitarios puedan votar en las elecciones municipales persigue avanzar en el «concepto de ciudadanía iberoamericana» y en la creación de un «espacio judicial común».

Según la proposición no de ley, presentada ayer en el Congreso por PSOE y IU – ICV, el derecho de voto de los inmigrantes queda en manos de la decisión que tomen sus países de origen, quienes deberán firmar o ratificar convenios de reciprocidad. Por tanto, la iniciativa se va a poder aplicar a un número muy reducido de inmigrantes en los comicios municipales de 2007.

López Garrido añadió que el Gobierno abordará la noción de ciudadanía iberoamericana en la Cumbre de Uruguay prevista para el mes de noviembre. El portavoz socialista expresó ayer su confianza en que la proposición no de ley se apruebe en septiembre y que, a partir de ese momento, el Gobierno solicite «lo antes posible al Consejo de Estado» el dictamen sobre la interpretación del artículo 13.2 de la Constitución.

Este artículo fue reformado en 1992 para adecuarse al Tratado de Maastricht y que los ciudadanos comunitarios pudiesen votar.El texto establece que, en los comicios municipales, los extranjeros pueden ejercer el derecho de voto, cuando así esté reconocido por un tratado o haya reciprocidad. En la actualidad, España tiene firmados cuatro acuerdos de reciprocidad con Noruega, Argentina, Chile y Uruguay, pero sólo está ratificado el del país nórdico.

Por su parte, el PP recordó ayer que el presidente de su partido, Mariano Rajoy, presentó hace «medio año» una propuesta similar para que los inmigrantes, en virtud del artículo 13 de la Constitución, pudieran votar en las municipales.

Las ONG consideraron positivo que se abra el debate sobre el voto de los extranjeros, pero valoraron que la propuesta socialista es «un parche y una chapuza» y que el Gobierno debe reformar la Carta Magna. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguraron que el artículo 13.2 de la Constitución deja claro que sólo pueden votar los españoles – salvo que existan convenios – y que si se quiere extender el derecho de voto a los inmigrantes es necesario cambiar la Carta Magna y la Ley Electoral. «La propuesta es un brindis al sol. Dejan el derecho de voto de los inmigrantes en función de que existan convenios de reciprocidad con los países de origen, lo que va a dejar fuera a la mayoría», asegura Gustavo Fajardo, asesor jurídico de la ONG Aesco. En opinión de Diego Lorente, abogado y portavoz de SOS Racismo, la propuesta es una cortina de humo, ya que los convenios de reciprocidad ya están establecidos en la Ley de Extranjería.