El presidente de Canarias, Adán Martín, reclamó ayer al Gobierno central la urgente creación de un gabinete de crisis para afrontar la avalancha migratoria en las islas, a las que ya han llegado más de 16.600 indocumentados en lo que va de año. “La situación es crítica y los recursos autonómicos están desbordados”, clamó Martín, quien también exigió que se repartan por otras comunidades los menores extranjeros ya atendidos en sus centros. Pero la “riada de cayucos”, como la definió Martín, continúa sin tregua: ayer llegaron 323 inmigrantes más, dos de ellos muertos.

Martín, al día siguiente de exponerle al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la situación de las islas ante a la avalancha migratoria, compareció en rueda de prensa para reclamar más implicación del Estado. “Estamos ante una situación de emergencia. Cada día nos encontramos con que hemos superado el récord de inmigrantes del día anterior; no es posible seguir con esa enorme llegada de inmigrantes. El esfuerzo del Estado es insuficiente”, proclamó junto a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora.

Adán Martín exigió al Gobierno que constituya de forma permanente un gabinete de crisis con los responsables de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores, Empleo y Asuntos Sociales para responder a “una situación cambiante”, puesto que el trayecto de Senegal a Canarias es ya “una riada de cayucos”. A su juicio, si los más de 16.600 extranjeros que han llegado a las islas lo hubieran hecho a la Península, “Europa y el Estado español habrían sentido el problema más cercano”.

Reparto de menores

El presidente canario subrayó los problemas de su administración para atender debidamente a los menores inmigrantes sin familia que arriban a las islas. En la actualidad, precisó, tiene recogidos a 649, lo que supone un coste de 18 millones de euros en lo que va de año. El Gobierno insular exigirá en septiembre el reparto de estos menores entre todas las comunidades autónomas de forma proporcional, puesto que no es un problema de las islas, sino del Estado, que es quien tiene las competencias de inmigración y política exterior.

Los recursos canarios están “colmatados”. Los tres centros provisionales de acogida están abarrotados y la integración es imposible cuando hay más menores tutelados extranjeros que canarios, subrayó la consejera. Cada menor le está costando a la comunidad “tres millones de pesetas [18.000 euros]”, sin contar los posibles gastos sanitarios.

Martín insistió en que las islas no van a poder soportar por más tiempo la llegada de una media de 400 inmigrantes al día y que Europa tiene que implicarse de manera más decidida. “Los medios de vigilancia del dispositivo Frontex [la agencia europea de fronteras] han sido escasos y han llegado a destiempo. Europa tiene una enorme responsabilidad y ha cogido el fenómeno a pasos cambiados”, dijo. El portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, Friso Roscam, comprendió ayer las palabras de Martín, pero advirtió: “La crisis no puede resolverse de la noche al día”.