Tras su intervención televisiva del pasado martes, el ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, ordenó ayer la clausura del mayor edificio ocupado ilegalmente de Francia, que albergaba a cientos de inmigrantes irregulares africanos en Cachan, en los alrededores de París. La justicia había declarado ilegal hace dos años la ocupación de una residencia abandonada en un recinto universitario. Pero ayer, con el pretexto de que corría peligro la seguridad de los ocupantes por las conexiones eléctricas ilegales, se ordenó el desalojo.

Unos mil policías, bomberos y personal de Cruz Roja intervinieron en la operación, que sirvió para separar a los ocupantes con papeles y permiso de residencia de los que no lo tienen y van a ser objeto de expulsión rápida del territorio francés.

Para Sarkozy, la operación sirve como confirmación de su discurso de “firmeza” y a favor de una “inmigración escogida y no impuesta”. Es una oportunidad para demostrar que sus palabras van seguidas de actos y que trabaja para hacer realidad su objetivo de 25.000 expulsiones anuales de extranjeros que no pueden ser regularizados. No se sabe aún con exactitud cuántas personas, de entre el millar de ocupantes de Cachan, se encuentran en Francia regularmente. La mayoría de ellos proceden de Costa de Marfil y Malí.

La política de Sarkozy cuenta con un respaldo considerable entre la población francesa que, sin respaldar las exageraciones del ultraderechista Jean – Marie Le Pen – que defiende que sin extranjeros todos los franceses tendrían trabajo – , sabe que la inmigración masiva plantea muchos problemas: escolares, de convivencia en los barrios, religiosos, de seguridad… La izquierda, durante años, creyó poder resolver la cuestión en un horizonte utópico de pleno empleo, pero ni el horizonte es alcanzable ni bastaría para solucionarlo todo.

Ayer mismo, el ex ministro socialista de Economía Dominique Strauss – Kahn dio una señal de impotencia política al pedirle a Sarkozy que “aplace un mes el plazo para que los inmigrantes puedan presentar su demanda de regularización”. Strauss – Kahn quiere mostrarse atento a los derechos de los inmigrantes, pero no se atreve a defender su presencia en Francia ni a criticar abiertamente las expulsiones. Otro socialista, el experto en seguridad Julian Dray, criticó al ministro por “fabricar familias de inmigrantes clandestinos”, y negó que haya una relación causa – efecto “entre esos inmigrantes y los problemas de inseguridad y violencia” que vivió Francia en otoño de 2005. “Todas esas personas sólo piden poder vivir tranquilamente en nuestro territorio”.

Sarkozy, a pesar de haber pedido a los prefectos (delegados del Gobierno) que estudien caso por caso las demandas de regularización de inmigrantes con hijos escolarizados en Francia, se contradice cuando se fija objetivos numéricos antes de conocer cuántas serán las solicitudes.

De momento ha comenzado por el desalojo de los okupas de Cachan y algunas redadas con detenciones en campamentos de gitanos de origen búlgaro o rumano. Los vuelos que les devolvieron a Sofía y Bucarest han sido convenientemente publicitados por el Ministerio del Interior.

El diputado socialista Gaëtan Gorce ha denunciado “el tratamiento arbitrario de las demandas” de regularización y constata que ha habido “diferencias entre los criterios empleados en un departamento [provincia] y otro”. Además, como han subrayado varias organizaciones humanitarias, las 25.000 órdenes de expulsión afectan ya a más de 100.000 personas, pues muy a menudo se trata de matrimonios con varios hijos.