El voto de los inmigrantes

Deia, 17-08-2006
LOS GRUPOS DE PSOE E IZQUIERDA Verde presentan hoy en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que todo inmigrante residente legal pueda votar y ser votado en unas elecciones municipales, como ya hacen los ciudadanos comunitarios en virtud del Tratado de Maastricht. Según los cálculos de los promotores de la iniciativa, la medida afectaría a unos dos millones de personas, una cifra que no es baladí. No se atreven, sin embargo, a asegurar que su propuesta pueda ser efectiva para las elecciones municipales previstas para el año que viene, toda vez que requerirá, además de la aprobación del Congreso, de una interpretación abierta por parte del Consejo de Estado del artículo 13.2 de la Constitución que señala que «sólo los españoles son titulares de los derechos reconocidos de voto salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales». La existencia del citado artículo no impide que en países como Nueva Zelanda o Islandia se permita el voto a ciudadanos españoles sin tratado de reciprocidad, lo mismo que ocurre con los ciudadanos noruegos en España.

TIENE DIFÍCIL DEFENSA LA NEGACIÓN del derecho de voto a quien vive, trabaja y paga sus impuestos en un país. Desde ese punto de vista, la proposición que presentarán hoy los grupos Socialista e Izquierda Verde no debería encontrar mayores obstáculos en obtener la aprobación de la Cámara. Pero otra cosa es discernir entre la razón puramente democrática y el presunto interés partidista. Probablemente los inmigrantes agradecerían que se les reconocieran antes que el de voto, otros muchos derechos que les resultan imprescindibles para que no sean considerados ciudadanos de segunda. De los dos millones de beneficiados, más de medio millón se encuentran en Catalunya. Resulta ocioso recordar la influencia que tendría en el resultado final de unos comicios su inclusión en el censo electoral, aunque no lo es tanto, preguntarse a qué partido beneficiaría un cambio de semejante magnitud en el paisaje sociológico, cuestión ésta por cierto, perfectamente trasladable a la CAV.

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