a tragedia ocurrida en El Tarajal el 6 de febrero de 2014, hace ahora diez años, marcó de una manera casi indeleble la historia de los movimientos migratorios masivos desde el infierno africano hasta Europa. Quince vidas se perdieron en un intento, posiblemente desesperado para muchos de sus protagonistas, por alcanzar suelo español desde el lado marroquí de la valla de Ceuta. Fue un intento desde el agua, a nado. Aquel suceso reveló la complejidad, pero también las carencias, en la gestión de las crisis migratorias por parte de las autoridades españolas. Unas carencias y debilidades que lamentablemente se han repetido más tarde, con parecidos incluso mucho peores resultados.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) a la que represento, pretende que aquel momento no quede en el olvido y lamento que, a pesar de las muertes, de las declaraciones que anunciaban cambios, los guardias civiles siguen sin contar con protocolos claros sobre cómo deben de ser sus intervenciones en estos casos. Las consecuencias, las vivimos entonces y algunas veces más, son una deficiente seguridad en la frontera sur de Europa que convive con un peligroso tanteo sobre el respeto a los derechos humanos.

Un poco de historia, no mucha. En aquellas fechas era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Le siguió otro popular, Juan Ignacio Zoido, hasta que, en junio de 2018, tras el cambio de Gobierno encabezado por el PSOE ocupó la plaza el actual Fernando Grande-Marlaska. Tres nombres incapaces a todas luces y apenas ningún resultado.

Los guardias civiles seguimos sin disponer de un avance significativo en la implementación de protocolos claros y específicos sobre cómo deben actuar las fuerzas del orden en estas situaciones de crisis migratorias masivas. A pesar de las promesas de los titulares del ministerio, la incertidumbre persiste y coloca a los guardias civiles en una posición ambigua. La falta de unas guías específicas contribuye a un escenario paradójico con soluciones que hasta ahora han resultado inadecuadas y, lo que es aún más preocupante, pone en riesgo tanto la seguridad de los migrantes como la de los propios agentes.

La intervención de los guardias civiles que llegaron a la playa para controlar la entrada masiva de inmigrantes a nado desde el lado marroquí de la frontera puso de manifiesto la necesidad urgente de disponer de protocolos específicos para contextos migratorios masivos. Los agentes cumplieron en todo momento las órdenes recibidas, pero la falta de orientación de estas órdenes llevó a consecuencias trágicas. Hasta tal punto existe controversia sobre lo que entonces debió hacerse que, a pesar de los sucesivos sobreseimientos en los tribunales, persiste la incertidumbre. Lo que hasta ahora ha impedido el cierre judicial definitivo de aquellos hechos. Y en medio de esa polémica continúan los guardias civiles que acudieron a aquella situación de emergencia.

Jucil tiene claro, como asociación profesional, la importancia de ajustarse a la ley en todas las circunstancias. Por este motivo, no sólo aboga por ajustarse a unos protocolos específicos, sino también por la trascendencia de que se provea a los agentes de medios suficientes para el control de grandes masas de personas y, sobre todo, que se les ofrezca una formación adecuada para estas circunstancias.

El compromiso de Jucil va, sin embargo, más allá de la mera defensa de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles. Como asociación, como empleados públicos, como trabajadores al fin, comprendemos y reconocemos el drama personal de aquellos que toman la desesperada decisión de buscar una vida mejor en Europa. Una situación que no puede convertirse en justificación válida para entrar de cualquier forma, con cualquier método. La violencia, por ejemplo, no debería premiarse en ningún caso.

Diez años después de aquellas muertes en aguas de la frontera española con Marruecos, la situación en estos límites territoriales es todavía el reflejo de un problema más amplio, pero que no por eso no exige una atención urgente. El último límite de España ante el abismo africano, que son los propios cuerpos de los guardias civiles que protegen la frontera, siguen sin unas órdenes concisas que aclaren cuál es su función en los saltos masivos de la valla, en la llegada a nado de cientos de migrantes o, como ocurre ahora en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando se sobrepasan los controles del tráfico aéreo a través de un nuevo ‘agujero’. Como les ocurre a los guardias civiles, tampoco los policías nacionales en el aeródromo madrileño tienen un protocolo de actuación claro para lo que ahora ocurre. Seguimos a la espera de que Grande-Marlaska atienda a sus obligaciones y tome las decisiones que le corresponden. Esperemos que asuman sus responsabilidades.