Cuando estaba en el agua, Ludovic N. oyó disparos y gritos. No le dio a tiempo a averiguar qué ocurría; antes llegó el golpe seco que le desgarró la piel hasta hacerle sangrar. Provenía de uno de los agentes de la Guardia Civil española que lanzaban pelotas de goma y gases lacrimógenos a él y a otros como él: migrantes que intentaban entrar a nado desde Marruecos hasta las costas de Ceuta. Con solo 15 años, Ludovic fue superviviente, uno de los más jóvenes, de hecho, de la que posteriormente se conoció como la tragedia de la playa del Tarajal. Casi una década después, este camerunés, ya adulto, ha decidido buscar justicia y para ello ha demandado al Estado español ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

El suceso, uno de los más graves del fenómeno migratorio en España, ocurrió el 6 de febrero de 2014, cuando cerca de 200 personas intentaron llegar a la playa ceutí y fueron brutalmente repelidos por 56 agentes de la Guardia Civil. 15 personas se ahogaron en la refriega y otras 23 consiguieron tocar tierra, pero fueron devueltas irregularmente a través de la valla fronteriza. Diez años y numerosos vaivenes judiciales más tarde, el contencioso ha llegado al Tribunal Constitucional después de que el Supremo confirmara su archivo en mayo de 2022.

La queja de Ludovic, interpuesta con el apoyo de la organización sin ánimo de lucro European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), detalla los fallos en la investigación española, en la que se llegó a imputar a 16 miembros de la Guardia Civil, y exige que se reabra. En ningún momento del dilatado proceso judicial, el camerunés fue escuchado. No se presentó como testigo hasta alcanzar la mayoría de edad, en abril de 2017, cuando la una de las ONG que formaba parte de una de las acusaciones particulares, Observatori DESC, solicitó a la jueza que le tomara declaración. Pasaron dos años hasta que se programó una vista por videoconferencia desde el Tribunal de Essen, en Alemania, cerca de donde el chico reside. Pero en el último momento la declaración se canceló por razones técnicas que nunca se llegaron a explicar. Se solicitó una nueva fecha, pero antes de que llegara, el juzgado ordenó el cierre de la investigación y la apertura de juicio oral. Corría ya septiembre de 2019.

Las imputaciones por lesiones dolosas y prevaricación administrativa en las devoluciones en caliente se desestimaron antes de que el caso se archivara definitivamente en 2022. Ludovic no llegó a enterarse hasta mucho después porque no era parte del proceso, así que no pudo recurrir la decisión, algo que sí hicieron las ONG personadas como acusación popular —APDE, CEAR y Coordinadora de barrios— y las familias de las víctimas. “La única opción que le queda es buscar justicia en los tribunales internacionales, habida cuenta que ninguno de los recursos de amparo aborda las violaciones de sus derechos, tanto el 6 febrero como posteriormente”, explica Hanaa Hakiki, abogada del ECCHR.

El camerunés, que se presenta bajo un nombre ficticio a la prensa, ha recurrido al comité de la ONU porque las particularidades del caso se ajustan a la Convención contra la tortura. “Además de prohibir torturas y tratos inhumanos y degradantes, establece obligaciones para los Estados miembros de investigar situaciones en las que existan sospechas de que estas se hayan producido. Y esto es lo que sostenemos que le pasó a Ludovic”, sostiene Hakiki.

Ludovic vivió con su madre en Camerún hasta los 13 años, cuando decidió marcharse del país junto a uno de sus tíos. Cruzaron Nigeria, atravesaron el Sáhara y llegaron a Argelia después de incontables penurias. Cerca de la frontera marroquí, las autoridades argelinas los detuvieron y el niño fue expulsado a Marruecos. En las calles de este país, desamparado y solo, vivió los siguientes 18 meses, durante los que intentó cruzar la frontera europea sin éxito.

El 6 de febrero de 2014 lo volvió a intentar con un numeroso grupo de migrantes subsaharianos, como él. Como no sabía nadar, se puso un flotador y avanzó por el agua, remando con una mano y agarrándose con la otra al espigón que separa los territorios marroquí y español. En esas estaba cuando se desató la tragedia que acabó con la vida de 15 compañeros y con él herido y expulsado ilegalmente a Marruecos. Ese mismo verano consiguió llegar a España, pero en vista de su experiencia anterior, decidió seguir viajando hacia el norte, hasta que llegó a Alemania, donde fue reconocido como menor de edad y se le asignó un tutor.

Durante la última década, Ludovic estudió educación secundaria, aprendió alemán y se formó como electricista. Hoy sigue reclamando que las partes involucradas asuman sus responsabilidades y sean condenadas. “Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como seres humanos”, afirma el superviviente.

La queja de este camerunés ahora se une a la serie de acciones legales contra lo que las acusaciones particulares consideran una “impunidad” ante “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos” inherentes a las devoluciones en caliente en las fronteras de la UE. En concreto, la queja ante la ONU alude a que, en una instrucción de ocho años, a Ludovic le ha sido denegado su derecho como víctima a ser escuchado, participar en el procedimiento y obtener reparación por la vulneración de sus derechos, “lo cual es un claro síntoma de la falta de voluntad de las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación efectiva”.