Tenía 15 años cuando Ludovic N. trató de llegar a Ceuta en el fatídico intento de entrada respondido por la Guardia Civil con botes de humo y pelotas de goma en 2014. Rodeado de  gritos y disparos de material antidisturbios, llegó a la playa ceutí agarrándose con una mano al espigón fronterizo, fatigado por el gas lacrimógeno difícil de esquivar y dolorido por los golpes que dice haber recibido antes de su devolución en caliente. Había visto y sufrido los hechos que durante años fueron investigados por los tribunales pero, aunque fue uno de los testigos incluidos por la acusación popular en el caso Tarajal, nunca fue escuchado.

10 años después de la muerte de sus 14 compañeros, tras chocarse con numerosas trabas que le impidieron prestar testimonio, este joven camerunés ha decidido ir más allá y denunciar a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). La queja, tramitada como una “comunicación individual”, de Ludovic N. ante el organismo internacional señala los supuestos malos tratos sufridos, su expulsión en caliente a Marruecos, así como una presunta falta de investigación “pronta e imparcial de su caso”.

“Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos”, denuncia Ludovic N en un vídeo grabado por ECCHR. “Me parece muy lamentable que el procedimiento no tuvieran en cuenta las perspectivas de las personas que vivimos esta situación y que los que eran los actores principales no puedan compartir su perspectiva”, añade el joven, quien ahora vive en Alemania. 

La queja de Ludovic N. apunta a que, en una instrucción de ocho años, “le ha sido denegado su derecho, como víctima, a ser escuchado, lo cual es un claro síntoma de la falta de voluntad de las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación efectiva” de los hechos. En su escrito, el denunciante – a través de la ECCHR – apunta a la supuesta “parcialidad” del procedimiento judicial a la hora de atender los argumentos de los agentes de la Guardia Civil en contra de la de “los migrantes negros”, así como “la obstrucción a la participación de las víctimas y la omisión de la práctica de diligencias mínimas de investigación”. La organización critica la falta de una serie de pruebas que a su juicio “eran cruciales para aclarar la naturaleza y el carácter del uso de material antidisturbios, la identidad de los fallecidos y la evidencia de lesiones”.

Carsten Gericke, letrado del denunciante, busca obtener del Comité de las Naciones Unidas  más presión para reabrir la causa del Tarajal, que nunca llegó a juicio. “La ONU debe insistir en que España reabra su investigación sobre los sucesos del Tarajal y que se ponga fin a la impunidad”. 

En 2022, el Supremo confirmó el carpetazo de la causa que investigaba la muerte de 14 personas en las aguas fronterizas de Ceuta en febrero de 2014. El Tribunal, al rechazar los recursos de casación, ratificó el cierre concluido por la Audiencia Provincial de Cádiz tras un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la instancia superior que llegó a imputar a 16 guardias civiles y ordenar la apertura de juicio oral. Hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Audiencia descartó acusar de homicidio imprudente a todos los agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

Ludovic N. fue uno de los tres testigos aportados por la acusación popular a la causa. En enero de 2018, la entonces al frente de la investigación, Macarena García Recio, decretó el segundo archivo del caso sin haber solicitado la declaración de ninguno de los supervivientes. El camerunés que ahora denuncia los hechos ante la ONU había  sido localizados en Alemania junto a otro chico por la asociación la organización Observatori DESC y ambos estaban dispuestos a declarar desde el país donde vivían a través de videoconferencia en sede judicial – algo habitual – , pero el juzgado ceuta descartó su comparecencia apelando a la “situación irregular” de los testigos en Europa.  

No obstante, la Audiencia Provincial de Cádiz reabrió el caso en 2018 y cuestionó su cierre sin antes haber escuchado a los supervivientes, “Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”, cuestionaron los jueces entonces. En 2019, por primera vez el juzgado escuchó a L. A y H. K, en Berlín y Madrid respectivamente. Pero Ludovic, aunque estaba citado, nunca pudo contar lo que vio y vivió el día de los hechos. Por un “fallo técnico” no se pudo realizar la declaración y, explican desde  ECCHR, “sin dar más explicaciones nunca se aceptó que volvieran a citarle a prestar su declaración a pesar de las peticiones de las ONG personadas en la causa”. 

“Para mí es doloroso volver a hablar y revivir aquella situación e intentar describirla. Y que esto no se tome en consideración me parece muy desastroso. La perspectiva de los que mataron, de los que golpearon, de los que lanzaron gases lacrimógenos sí cuenta. Y, al mismo tiempo, la perspectiva de los que sufrieron eso no se valora”, lamenta el denunciante. Desde Camerún, los progenitores de seis de las víctimas de Tarajal solicitaron en varias ocasiones personarse en la causa como acusación particular, pero se encontraron con diversas trabas que lo impidieron hasta el final del procedimiento. 

“A pesar de su condición de víctima y testigo, a Ludovic N. no se le notificó esta decisión de las autoridades españolas, que sistemáticamente pusieron trabas a su participación en los procedimientos judiciales españoles y le denegaron sus derechos como víctima que deberían haber estado a su disposición en virtud de la legislación española. A Ludovic N. se le impidió interponer recurso alguno dentro de los plazos pertinentes, incluyendo el recurso de amparo ante Tribunal Constitucional. Frente a la imposibilidad de impugnar el archivo definitivo de la instrucción judicial ante instancias españolas, Ludovic N. recurre ahora al Comité contra la Tortura de la ONU”, cuestionan desde ECCHR.

Más allá del caso de Ludovic N., en 2022 otra parte de las acusaciones populares (Coordinadora de Barrios, CEAR y APDHE) y algunas de las familias de las víctimas presentaron dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, centrados en el derecho a la vida y en la falta de investigación efectiva relativa a los fallecidos, que fueron admitidos a trámite.