ERENA CALVO. LAS PALMAS.

Más de 16.000 indocumentados han conseguido llegar a las costas canarias en lo que va de año, cifra que nunca antes se había alcanzado y que podría incrementarse notablemente los próximos meses debido al estado del mar, que se espera mucho más tranquilo. El presidente canario, Adán Martín, advirtió ayer que vienen tiempos más «difíciles» por este previsible aumento en las llegadas, y pidió más medios para frenar la inmigración.

Según dijo, la misión de la Agencia europea para el control de fronteras (Frontex) es «insuficiente». Canarias «debe demandar más recursos porque con los que hay no será suficiente». Aunque consideró positivo que el operativo «comience a funcionar en semana y media cuando lleguen los barcos a Senegal – aún no hay acuerdo para patrullar en este país – », Martín insistió en que Frontex cuenta con «pocos medios». La costa senegalesa (de donde parten la mayoría de cayucos) «es muy larga y el barco y el avión asignados no podrán estar operativos las 24 horas». Hay que recordar que sólo aportarán medios tres de los trece países que se comprometieron a colaborar en un principio: Finlandia, Italia y Portugal.

«Estamos llegando al límite»

Para el Archipiélago, Martín pidió «más Policía y Guardia Civil; estamos llegando al límite». Crítica que coincide con las denuncias de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y de los sindicatos policiales. La Confederación Española de Policía explicó ayer la dura situación que atraviesan en Extranjería, y se quejó del trato que se da a los agentes en los traslados de irregulares a la Península (unos nueve mil han sido derivados y sólo un 8 por ciento ha sido repatriado). Según dicen, en Barajas «esperamos horas en el avión con los inmigrantes porque los trasladan en vehículos de seis plazas». Pero «cuando los que vuelan son agentes de Madrid siempre hay dos autobuses esperando», critican, al tiempo que consideran que «a los canarios nos tratan como funcionarios de segunda».

Otro aspecto que destacó ayer Martín es la situación de los menores inmigrantes residentes en las Islas. En estos momentos son más de 500, cuando el cupo es de 250. Según Martín, «nos hemos reunido con autoridades africanas para dar salida al problema, pero las competencias son de Exteriores, que debería trabajar en la repatriación de los chicos». A este mismo asunto se refirió el portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, que fechó en septiembre la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración para solicitar la solidaridad del resto de Comunidades.

Becerra incidió además en la saturación de las instalaciones de internamiento. Para evitar que se colapsen también centros de salud y comisarías (donde han llegado a concentrarse hasta 800 irregulares), pidió modificaciones en la Ley de Extranjería; de forma que los «sin papeles» ingresen inmediatamente en los centros de retención y sean atendidos allí «en sus temas sanitarios, policiales y judiciales».
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