El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, confía en que el contencioso entre España y Frontex, la agencia europea de protección de fronteras, Frontex, se resuelva muy rápido. “Es cuestión de horas, más que de días”, ha concretado a su llegada a la reunión de los ministros del Interior de la UE en Bruselas. “Es una cuestión técnica, no operativa”, ha declarado, tratando de restar importancia a la información publicada este jueves por EL PAÍS acerca de que los desacuerdos entre el Gobierno y Frontex han llevado a esta agencia de la Unión a amenazar con marcharse del país y dejar de colaborar en la lucha contra la inmigración irregular.

Marlaska ha confirmado que el gran escollo que ha surgido entre Frontex y España en los últimos días está provocado por la gestión de los datos de los migrantes que llegan. “No hace ni una semana, el 18 de enero, hubo un cambio en la normativa”, ha explicado el titular de Interior, y ahí comenzaría el problema, que, según él, son “cuestiones suelen acontecer todos los años al renovar los acuerdos”. Sin embargo, España es el único país que todavía no ha suscrito el acuerdo de colaboración. Francia, Holanda, Bélgica, Grecia o Rumania ya lo han hecho y no habrían puesto las pegas que ha puesto el Gobierno.

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Durante sus declaraciones al Consejo informal de la UE, Grande-Marlaska ha tratado en todo momento de restar importancia al contencioso, algo que también ha tratado de hacer señalando que es normal que los planes operativos “requieran más tiempo para un debate y un acuerdo exhaustivos”. No obstante, como ha contado este diario, las discrepancias son sustanciales acerca de a quién corresponde la titularidad de los datos de los migrantes que llegan a territorio español.

Al no haberse llegado ya a un acuerdo, este miércoles los efectivos de Frontex que colaboran en la lucha contra la migración irregular en España suspendieron su participación en el Mediterráneo y el mar de Alborán. Las dos partes se habrían dado una semana para llegar a una solución, pero si no se llega a ese punto, los recursos comunitarios “se retirarán”. Frontex tiene sobre el terreno 350 agentes en España y si llega el punto de dejar de colaborar, el impacto económico sería considerable, pues solo en la llamada Operación Índalo, la que se desarrolla en el Mediterráneo y Alborán, hay un coste de 63 millones de euros que paga la Unión Europea.

Grande-Marlaska también ha hablado en la capital comunitaria de otro de los frentes que tiene abiertos en su ministerio a cuenta de la migración: la situación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde cientos de personas han llegado desde el pasado verano, en teoría haciendo escala, pero han aprovechado para pedir asilo. “Es una situación que estamos abordando desde el minuto uno ante una situación extraordinaria de peticiones de derecho internacional. Hemos incrementado el número de instalaciones para hacer la gestión. […] Es una situación de control, extraordinaria, pero de control porque tenemos los medios necesarios y una capacidad de respuesta antes una circunstancia de esa naturaleza”, ha declarado, sobre una situación que entre el 1 de diciembre y el 15 de enero provocó la petición de 847 peticiones de asilo de personas que habían llegado a España con pasaporte de Kenia cuando son en realidad refugiados somalíes que habían comprado un pasaporte keniano por unos cientos de euros para conseguir llegar a la zona de tránsito del aeropuerto español.