El Departamento de Salud investiga si los centros de Atención Primaria de Ripoll, en la provincia de Girona, no han atendido de urgencias a cinco familias migrantes, según ha adelantado ‘El Periódico’. El rotativo ha difundido este martes las denuncias de familias de la ciudad presidida por la alcaldesa de ultraderecha independentista Silvia Orriols según las cuales no habían logrado atención sanitaria, a pesar incluso de que algunas contaban con papeles de residencia, pero no el padrón, que el consistorio les deniega.

Más Trapero y menos Orriols

La Generalitat ha abierto una investigación para esclarecer las quejas ha insistido en los centros de la comarca del Ripollès, especialmente en los de Ripoll, que la atención urgente “debe garantizarse a todos”. Para la atención no urgente, además, existe un convenio con Cruz Roja en cuya virtud si la entidad determina que una persona es vulnerable, Salud le expide tarjeta sanitaria.

Salud quiere indagar las razones por las que se niega la atención desde los centros sanitarios, porque se trata de un incumplimiento de la ley 9/2017 de universalización de la sanidad, más allá de que el Ayuntamiento se esté negando a empadronar a los migrantes en situación irregular. El pasado sábado, unas 200 personas se concentraron frente al consistorio para defender ese derecho al empadronamiento.

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Detrás de pancartas donde se podía leer ‘No al racismo’ o ‘No a la islamofobia’, los manifestantes clamaron que “ninguna persona es ilegal”, y leyeron un manifiesto en el que subrayaban que el empadronamiento “es un derecho que no se puede poner en duda ni restringir” porque es lo que permite “acceder a los servicios básicos para vivir, convivir y gozar de bienestar”.

El presidente de la comunidad musulmana Annour ya afirmaba en ese acto que en Ripoll hay familias que no tienen acceso a educación o sanidad pese a cumplir con los requisitos.