Para hablar de la devolución a Marruecos que sufrió en agosto de 2021, Abdelhakim Zerrad repite la misma frase una y otra vez, como si dos años después aún no llegase a entender cómo España le dejó de repente al otro lado de la frontera de Ceuta tras pasar dos meses en la ciudad: “Nadie me preguntó si quería volver; nadie me dijo lo que iban a hacer”. Cuando lo metieron en un furgón junto a 14 adolescentes marroquíes como él, creyó que sería trasladado a otro centro. Hasta que, desde la ventanilla, identificó el puesto fronterizo del Tarajal, y rompió a llorar. Suplicaba que quería quedarse. No fue escuchado. 

Abdelhakim Zerrad era uno de los menores que, según ha ratificado el Tribunal Supremo este lunes, fue puesto en “serio peligro” por la Administración durante la devolución “ilegal” activada en 2021 por la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad autónoma con el beneplácito del Ministerio del Interior. Pese a la contundencia de la sentencia, tanto el ministro Fernando Grande – Marlaska como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han defendido la actuación este martes e insisten en haber preservado el interés superior de menores como Abdelhakim y sus compañeros.