PABLO DOMÍNGUEZ

MADRID. El PSOE pretende que los inmigrantes que residen regularmente en España la Secretaría de Estado de Inmigración habla de casi dos millones, con predominio de marroquíes, ecuatorianos y colombianos, que suman la mitad puedan votar en las elecciones municipales de la primavera de 2007, pero este deseo se puede ver frenado por la excesiva proximidad de la convocatoria electoral. De este modo, desde las filas socialistas se empieza a pensar que no se llegará a tiempo.
Socialistas e IU presentan hoy en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para conceder a este colectivo el derecho al sufragio en las elecciones municipales. A este respecto, Mariano Rajoy, presidente del PP, afirmó ayer que su partido ya había propuesto en su última Convención esta medida, «siempre que los españoles también puedan votar en esos países». Además, fuentes populares señalaron que la presentación hoy de la proposición obedece a un intento de desviar la atención «del principal problema que tiene ahora España: la inmigración ilegal».
Actualmente, la Constitución, en su artículo 13.2, establece que sólo los españoles tienen el derecho de participación política «salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales».
Es en la exigencia de estos acuerdos de reciprocidad donde radica el mayor problema. Con alguno de los países de origen de parte de los inmigrantes es imposible que el Gobierno español alcance un acuerdo en este asunto, bien porque su Constitución lo impide, como es el caso de Ecuador, bien porque en esos países no hay elecciones libres de ningún tipo (China o Cuba).
Por ello, PSOE e IU instan al Gobierno a que, además de ratificar los acuerdos ya alcanzados (con Argentina, Uruguay y Chile), firme nuevos convenios y solicite un informe al Consejo de Estado en el que dictamine cómo debe interpretarse el artículo 13.2 de la Constitución. El objetivo de esta consulta es saber si es posible que puedan votar los inmigrantes con cuyos países no se haya alcanzado uno de estos acuerdos.
El dictamen del Consejo de Estado no podrá estar listo antes de final de año, y ello contando con los plazos más optimistas, es decir, que el Congreso debata y apruebe la proposición con rapidez, que el Gobierno le reclame con urgencia el dictamen al Consejo de Estado cuya respuesta, aún así, llevaría varios meses, y que esta institución emita su informe con celeridad. Posteriormente, el Gobierno debería tramitar una ley, y estos nuevos dos millones de votantes deberían ser inscritos en el censo electoral, lo que hace muy difícil que todo el proceso esté finalizado para la próxima primavera.
«No era una prioridad del partido»
Desde el PSOE se reconoce ahora que será muy complicado que la iniciativa llegue a tiempo para las próximas municipales. Así, Alfonso Perales, su secretario de Política Autonómica, señaló ayer que «no se puede saber si estará o no listo para esa fecha».
Asimismo, y en respuesta a unas recientes declaraciones suyas en las que indicaba a «Granada Digital» que este asunto no era una prioridad para su partido, afirmó que es un proceso muy largo y que por ello en el PSOE no se lo plantean como una prioridad, hecho que abonaría la teoría de que la iniciativa no estará lista para 2007.