La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores realizada desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal. Según consta en la resolución del Alto Tribunal, el Gobierno incurrió en una «absoluta inobservancia» de las prescripciones de la Ley de Extranjería, lo que podría haber derivado en una vulneración de la integridad física y moral de los menores. Aunque esta devolución tuvo lugar en el marco de una llegada masiva de inmigrantes acontecida el 17 y el 18 de mayo, en la que llegaron a España 12.000 personas, 1.500 de ellas menores de edad, la expulsión irregular no cumplió con los protocolos ni con las garantías que determina la ley.

El foco vuelve a situarse en Fernando Grande-Marlaska, quien añade un nuevo capítulo a su colección de escándalos protagonizados desde que fuera nombrado ministro del Interior en el año 2018. Su vergonzoso ‘cursus honorum’ equivaldría, en cualquier país de nuestro entorno, a una dimisión o a un cese. Recordemos, por ejemplo, que el juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Celestino Delgado dictó una sentencia que anuló la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos promovida por Grande-Marlaska. Aunque desde el Ministerio del Interior se destacó en primer lugar que aquella destitución respondía a un mero cambio de equipos y después a una pérdida de confianza, todo apunta a que se trató de una represalia motivada por la negativa del coronel a filtrar información relativa a una investigación de la Guardia Civil tal y como le exigía la ley. Lo grave es que, en cuestiones migratorias, Grande-Marlaska tiene también el dudoso honor de haber gestionado negligentemente uno de los peores dramas acontecidos en nuestras fronteras. El 24 de junio de 2022, en la frontera entre Nador y Melilla, más de 1.500 emigrantes y refugiados intentaron entrar en nuestro país. La acometida fue abortada por la Gendarmería marroquí y la Policía española, pero al menos 23 personas fallecieron en circunstancias que todavía están muy lejos de ser esclarecidas. A pesar del elevado número de víctimas y de la nula rendición de cuentas, que le costó al ministro una reprobación por parte del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez optó por mantener a Grande-Marlaska al frente de Interior

La sentencia del Supremo que certifica definitivamente la ilegalidad de la expulsión de menores organizada por el Gobierno de España evidencia, además, la contradicción existente entre el discurso y las prácticas del Ejecutivo en materia migratoria. Pocas políticas son estratégicamente más relevantes para un país que las que atañen a la inmigración y, sin embargo, nadie podría a ciencia cierta reconocer cuál es la propuesta del PSOE a este respecto. Desde los discursos grandilocuentes de los tiempos del Aquarius hasta la ilegal expulsión de menores, pasando por aquellas declaraciones de Ábalos en las que sostuvo que España no podía ser «la organización de salvamento marítimo de Europa», los socialistas han sido capaces de sostener una cosa y su contraria sin que nadie pueda, a ciencia cierta, conocer los principios por los que se rige Sánchez en lo que atañe a la gestión migratoria de nuestras fronteras.

La inmigración y las extrañísimas relaciones establecidas con Rabat vuelven a demostrarse como uno de los flancos más frágiles y opacos del Gobierno. La sentencia en firme del TS declarando ilegal la devolución de menores a Marruecos acredita de forma definitiva la fallida gestión de Grande-Marlaska al frente de una cartera que exigiría gestionarse con mucha mayor competencia y responsabilidad.