La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Ministerio que dirige Yolanda Díaz para este año, que eleva el sueldo base en 54 euros hasta los 1.134 euros, supone un «alivio económico» para las empleadas de hogar guipuzcoanas, el colectivo sobre el que más incide el SMI, pero «no corrige algunos males endémicos que tiene uno de los sectores más precarizados, entre ellos el fraude en la contratación», como admiten tanto las asociaciones de afectadas, como los sindicatos. Con todo, desde el Ejecutivo Vasco inciden en que ese incremento salarial supone un avance en los derechos, ya que reduce la brecha salarial, y en la dignificación de este colectivo.

Aunque las patronales tradicionales inciden en que las subidas del SMI provocan un retraimiento en la contratación de los sectores afectados –entre ellos se encuentran también las teleoperadoras o los trabajadores del campo– los datos oficiales no terminan de ser concluyentes, al menos en lo que respecta a las empleadas de hogar. Un colectivo que en Gipuzkoa aglutinaba a cierre del año pasado a 9.555 trabajadoras, según los registros de afiliación a la Seguridad Social.

Y es que en el último ejercicio la afiliación ha bajado pero de forma muy moderada, como se puede ver en el gráfico adjunto, ya que el año pasado se perdieron 177 cotizantes. Eso sí, desde 2018, cuando comenzó a subir el SMI de la mano del Gobierno socialista, acumulando una subida del 58%, la cifra de afiliadas ha descendido en 623, en un contexto en el que el número total de cotizantes ha ido subiendo hasta alcanzar récord históricos el año pasado.

Con todo, ni las asociaciones de afectadas consultadas por este periódico, ni CC OO, ni tampoco el Gobierno Vasco se atreven a señalar que esa subida del SMI haya podido ser determinante en esa caída de la afiliación. Y recuerdan que la integración en 2012 de las empleadas de hogar en el Sistema general de la Seguridad Social, aunque con un régimen especial, provocó un aumento de cotizantes por la regularización de muchos contratos, hasta alcanzar el máximo en nuestro territorio en 2017, con 10.369 afiliadas.

A partir de ahí, apuntan que se ha podido producir un reajuste. Con todo, tanto las asociaciones de afectados como CC OO y la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, inciden en que se trata de uno de los sectores más precarizados y vulnerables y en el que se estima, a nivel estatal, que el 30% de la actividad se encuentra en la economía sumergida.
La miembro del Ejecutivo autonómico explica que por las características de la actividad es muy difícil controlar el fraude en la contratación que puede haber en el sector y que denuncian las asociaciones. Unas dificultades derivadas del hecho de que la actividad se desarrolla en el domicilio del empleador, lo que complica y mucho, el control de los contratos, porque el domicilio es inviolable y no se puede comprobar salvo denuncia previa. Unas denuncias que son, en cualquier caso, residuales en lo que respecta a Inspección de Trabajo de Euskadi, explica, ya que en los tres últimos años solo se han presentado dos.

Con todo, indica que las que llegan a la autoridad laboral vasca son aquellas derivadas del incumplimiento de los horarios que figuran en los contratos. «Si no existe contrato y se denuncia, es competencia de Inspección de Trabajo del Estado porque se encuadra en la Seguridad Social, mientras que otras cuestiones, como que figure un sueldo y les abonen otro, o no les dejen salir de casa o disfrutar de las vacaciones, se consideran un delito y va directamente a los juzgados, así como cuando hay discrepancias en la rescisión del contrato». En los tres últimos años se han producido en Gipuzkoa 364 actos de conciliación –128, 106 y 130– que en caso de que no se alcance un acuerdo derivan en demandas judiciales. Suponen el 2,37% de todas las presentadas, ligeramente por debajo del peso que tienen las empleadas de hogar del territorio respecto a la afiliación total, que es el 2,96%.

La viceconsejera de Trabajo afirma que «no se puede decir que el aumento del SMI implique un mayor fraude laboral en este sector». Considera que la subida salarial ha provocado en estos últimos años «la mayor disminución de la brecha salarial en este sector y otros». Eso sí, considera que sería conveniente que hubiera un convenio autonómico del sector, como trató de impulsar en 2017 el sindicato LAB, pero que chocó con la negativa de Confebask de representar como patronal a los empleadores de este colectivo que no tiene una patronal específica. Una cuestión que el sindicato abertzale llevó a los tribunales y que se encuentra en estos momentos en el Tribunal Supremo.

«Se resisten a subir el salario»
La Asociación intercultural Adiskidetuak de Irun que trabaja con inmigrantes, que son los que ocupan en mayor medida estos empleos, sobre todo si son internas, explican, sin embargo, que «los empleadores no están en muchos casos por la labor de actualizar los salarios». «Hay una resistencia a subir el sueldo», insiste Rocío Calderón, abogada de la asociación. Añade que «sobre el papel sí lo hacen, pero en la práctica no. Ponen el grito en el cielo porque dice que no le salen las cuentas».

Y apunta otro de los problemas del sector, y es que «aunque el contrato sea de 40 horas semanales, muchas veces terminan metiendo más horas, algunas hasta el doble». Indica que se trata del sector «más precarizado, más desagradecido y peor pagado, y que algunos prefieren coger una empleada extranjera sin papeles porque se ahorran la Seguridad Social». Relata un caso reciente de «una mujer que trabaja media jornada en una casa, que tienen contratadas a tres personas a media jornada y le dicen que no les llega para la Seguridad Social y además le pagan 400 euros cuando tendrían que abonarle 661,5 euros».

Desde la asociación de empleadas de hogar Malen Etxea, que también trabaja con inmigrantes, su fundadora Silvia Carrizo, incide en que la situación se agrava en el caso de las trabajadoras internas, «porque se les abona el SMI cuando sus jornadas exceden y mucho de las 40 horas». Y es que apunta que «se ha normalizado que el salario de una interna es el SMI, cuando su jornada es habitualmente de 24 horas por siete días». Añade que «este abuso sigue sin resolverse y que se convierte prácticamente en norma». Recuerda a todas las empleadas de hogar que revisen que el 31 de enero su nómina recoge esa subida del SMI de 54 euros y que lo exijan.

Arturo Salinas, secretario de comunicación de CC OO Hábitat Euskadi, corrobora que «el fraude es endémico. Esta semana hemos visto un caso de un contrato de nueve horas semanales que en la práctica eran de 45». Explica que cuando sube el SMI y la cotización «el empleador tiende a compensarlo reduciendo la jornada, descontando del sueldo la cotización que corresponde al empleador o cotizando por menos horas». Asegura que el año pasado el sindicato presentó muchas denuncias a Inspección de Trabajo, «aunque muchos trabajadores callan».