BENJAMÍN PRADO

Como de costumbre, Juan Urbano estaba leyendo el periódico, a la hora del desayuno, en una terraza del parque del Oeste; y al ver dos de las noticias del día, que hablaban de los casi 20.000 pozos ilícitos que hay en Madrid y de la propuesta del Gobierno para que los extranjeros con permiso de residencia y trabajo puedan votar en las elecciones municipales, se puso a reflexionar sobre la palabra “ilegal”. Y lo primero que se le vino a la cabeza fue una frase del poeta Vicente Huidobro: “El adjetivo, cuando no da vida, mata.” Lo bueno de la Literatura con ele mayúscula es que consigue que todas cosas que son verdad dentro de los libros, también lo sean fuera.

“Es decir”, pensó Juan en su papel de filósofo a tiempo parcial, “que cuando se habla de pozos ilegales, se da vida porque se descubre un delito; pero cuando se habla de personas ilegales, se mata porque se insulta, se criminaliza, se degrada”. Pues claro, cómo puede ser considerado un ser humano “ilegal” por el simple hecho de tener un pasaporte de otro país y cuando de lo único que huye es del hambre y lo único que busca es algo que poder comer. Qué disparate.

A los que abren pozos no autorizados en Madrid nadie les llama ilegales, porque en su mayoría son españoles, pero el robo que cometen, mermando unas reservas de agua que el Canal de Isabel II guarda para casos de extrema necesidad, puede tener consecuencias dramáticas, como lo son todas las que conducen a la palabra “sequía” o a la palabra “sed”.

Y lo cierto es que los ladrones de agua son la gota que nos faltaba para dejar vacío el vaso, cuando la contaminación brutal que sufre nuestro planeta está llenando el mundo y nuestro país de bosques quemados, ríos y embalses secos o costas asediadas por las medusas, entre otros males mayores y menores. En la Comunidad de Madrid, las reservas de los pantanos están por debajo del 50% y han perdido, desde que comenzó este verano, 65 millones de metros cúbicos. Y según denuncian organizaciones verdes como Adena o Ecologistas en Acción, los responsables de la política autonómica no se esfuerzan demasiado en localizar y cerrar los pozos, quién sabe si porque el reguero de agua también iría a parar, como de costumbre, a alguna trama de especulación inmobiliaria. O sea, que entre los irresponsables conocidos y los salteadores desconocidos, nos estamos quedando sin agua en la superficie y también sin aguas subterráneas.

La idea del Gobierno de que los inmigrantes con los papeles en regla puedan votar en las elecciones municipales del año que viene es tan lógica que, aunque parezca increíble, tiene, más o menos, el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Los agoreros ya dicen que los partidos lo hacen sólo por buscar un puñado de votos, pero ésa es, sin duda, una extraña pega: “¿Acaso no es ésa su función, ofrecer programas y lograr votos?”, se preguntó Juan Urbano mientras apuraba su café y se reía al recordar la indignación de un candidato que en las anteriores municipales llegó a exclamar, en una emisora de radio: “¡Están politizando las elecciones!”.

Hasta el momento, ya pueden elegir a sus alcaldes y concejales, además de poder presentarse en las listas para ser elegidos ellos mismos, los residentes que han adoptado la nacionalidad española, los ciudadanos de la Unión Europea y los de Noruega, que es el único país no comunitario con el que el Gobierno ha firmado un convenio de reciprocidad. Ahora se quiere que puedan hacerlo todos aquellos que tienen un empleo y pagan sus impuestos en España.

Juan pensó que cuando esa ley existiese estaría más cerca el día en que la palabra “ilegal” sólo persiguiera a los delincuentes de cualquier nacionalidad que, por ejemplo, roban las reservas de agua de Madrid, y nunca más a quienes sólo buscan una vida en nuestro país y tienen derecho a participar en la construcción de nuestro y su destino.

Quién sabe, a lo mejor es una presidenta o presidente de la Comunidad nacido en Argentina, Colombia o Marruecos el que, en el futuro, acaba con los pozos fraudulentos.

La Democracia es eso, no una simple palabra.