Una de cal y otra de arena. El Bundestag, el Parlamento federal, ha aprobado este viernes una ley que facilita y adelanta en tres años la concesión de la ciudadanía alemana a extranjeros. Al mismo tiempo, ha endurecido la legislación para la expulsión de peticionarios de asilo cuya solicitud fue rechazada y ha aumentado las competencias para que la Policía pueda actuar y ejecutar las deportaciones. La Cámara Baja ha acordado reducir de ocho a cinco años el tiempo de residencia en el país para solicitar la nacionalidad germana y permitirá a los interesados conservar en la mayoría de los casos su ciudadanía original.

En casos en los que se registre una «integración sobresaliente» del interesado será incluso posible solicitar el pasaporte alemán tras solo tres años. Se beneficiarán de esa posibilidad quienes demuestren tener unos buenos conocimientos del idioma, tengan un rendimiento extraordinario en los estudios o el trabajo o hagan labores de voluntariado para la sociedad. Solo podrán solicitar la ciudadanía alemana, sin embargo, quienes demuestren que sean capaces de mantenerse a sí mismos y a las personas bajo su dependencia con sus propios recursos.

El ministerio federal del Interior cifra en unos doce millones el número de personas que viven en Alemania con nacionalidad extranjera. De ellos, unos 5,3 millones residen desde hace al menos diez años. Se espera que la ley entre en vigor tres meses después de su anuncio, es decir, probablemente en abril. Podrían beneficiarse, por ejemplo, los más de un millón de turcos sin pasaporte germano que radican en el territorio.

La concesión de la ciudadanía está supeditada además a otras condiciones como el reconocimiento del orden democrático básico y la ley aclara que «los actos antisemitas, racistas, contra la orientación sexual o de género u otros actos inhumanos» son incompatibles con la garantía de la dignidad humana que establece la Ley Fundamental. Igualmente exige el reconocimiento de «la especial responsabilidad histórica de Alemania del régimen nacionalsocialista de injusticia y sus consecuencias, en particular para la protección de la vida judía». En relación con el ataque de Rusia a Ucrania, también se hace referencia a la «prohibición de librar una guerra de agresión». Las actitudes contrarias a esto deberían hacer imposible la naturalización.

El proyecto de ley fue aprobado con 382 votos a favor, 234 en contra y 23 abstenciones e impuesto por la mayoría parlamentaria de las tres formaciones que componen la coalición de gobierno que dirige el canciller federal, Olaf Schloz, es decir, socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP). La nueva ley favorece a los numerosos migrantes llegados al país, sobre todo a las generaciones posteriores, a los que ya no se les pedirá realizar un examen escrito de alemán ni el test de conocimientos sobre el país que se exige normalmente a todos los que solicitan la ciudadanía.

«Gratitud y reconocimiento»
La comisionada de Integración del Gobierno federal, la diputada socialdemócrata de origen iraquí Reem Alabali Radovan, defendió la aprobación de la nueva ley poco antes de la votación argumentando que «Alemania ha sido siempre un país de inmigración» y que la nueva legislación posibilitará que este país lo siga siendo en el futuro, sobre todo ante los problemas que se registran ya por el cambio demográfico y la falta de mano de obra especializada. La diputada liberal Ann Veruschka Jurisch subrayó por su parte que supone «un signo tardío de gratitud y reconocimiento hacia la generación original de trabajadores migrantes».

Críticas para la nueva ley hubo por parte de la oposición conservadora. El portavoz parlamentario de interior de la Unión Cristianodemócrata, Alexander Throm, rechazó el recorte de los plazos para acceder a la ciudadanía alemana. «Cuanto más cortos sean los plazos cinco o incluso tres años menos arraigados pueden estar en nuestro país. Cuanto más cortos sean los plazos, mayores serán los riesgos para nuestro Estado», afirmó Throm. Sin embargo, la naturalización en virtud del artículo 35 de la Ley de Ciudadanía ya puede revocarse en un plazo de diez años en caso de falsedad fraudulenta o información incorrecta. El proyecto de reforma aclara ahora que las declaraciones incorrectas de compromiso con el ordenamiento básico libre y democrático también pueden dar lugar a la revocación.