El plazo para pedir la regularización de inmigrantes en Francia ya ha terminado. Según el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, unas 30.000 familias extranjeras en situación irregular han solicitado quedarse en Francia para permitir que sus hijos prosigan sus estudios. Sólo unas 5.000 o 6.000 de esas demandas serán tenidas en cuenta. Las 25.000 restantes recibirán una carta que les exige “tomar disposiciones para abandonar el territorio francés en el plazo de un mes”.

Los sin papeles con hijos estudiando en Francia son un caso aparte. La ley precisa que un menor de 16 años que estudia en Francia la escolaridad es obligatoria hasta esa edad no puede ser expulsado y, por extensión, sus padres, que se ocupan de él, tampoco. Sarkozy ha querido evitar que los menores estudiantes sirvan de puerta de entrada para la inmigración “no deseada”, según su fórmula. Y para ello ha decidido organizar las expulsiones durante el periodo de vacaciones, cuando no hay clases que garanticen el derecho a permanecer en Francia.

El ministro ha elaborado tres criterios básicos que justifican una respuesta afirmativa a la demanda de regularización: que los demandantes lleven como mínimo dos años viviendo en Francia, que el hijo o hijos estén escolarizados, como mínimo, desde septiembre de 2005, y que el niño haya nacido en Francia o llegado al país antes de los 13 años. Hay otros tres criterios discrecionales: que el niño no mantenga vínculos fuertes con el país de origen, que los padres contribuyan al mantenimiento y educación del hijo y que la familia demuestre una real voluntad de integración.

Así, por ejemplo, Aminata Diallo ha sido expulsada hacia Malí porque, a pesar de haber nacido en Francia, su familia vive en Malí y ella, con 19 años, sólo había regresado a su país de origen para pasar un examen de selectividad, que suspendió. Inna y Alexandre Kostyba han sido “devueltos” a Ucrania porque, tras cuatro años de residencia en Francia, el padre seguía sin ser capaz de hablar en francés.

El tema de la inmigración parece condenado a ser uno de los ejes de la elección presidencial en 2007. Sarkozy apuesta por conjugar “la firmeza de la ley con la humanidad del caso por caso”. En el actual contexto, dominado por la guerra de Líbano, el presidente, Jacques Chirac, y el primer ministro, Dominique de Villepin, han recuperado protagonismo al controlar los asuntos de política exterior y sus cotas de popularidad han subido un 5%, al tiempo que la de Sarkozy perdía idéntico porcentaje. La reciente intervención televisiva del ministro del Interior, al socaire de la amenaza terrorista en el cielo británico, le ha servido para volver a situar la cuestión de la inmigración en el centro del debate.

El semanario Le Canard Enchaîné ha denunciado que las cifras que maneja Sarkozy están fijadas al margen de la realidad. “El ministerio alquila los aviones para fechas y destinos determinados antes de haber estudiado petición alguna”, asegura el semanario.

Para Arno Klarsfeld, un abogado nombrado mediador en las expulsiones por Sarkozy, las asociaciones en defensa de los inmigrantes “caen a menudo en la demagogia y distorsionan la realidad”. Para ilustrar su afirmación, Klarsfeld se ha referido al caso de un padre argelino que lleva cinco años viviendo en Francia. “Decían que sólo era culpable de una riña en un bar, pero fue una riña a navajazos que le supuso una condena a 30 meses de cárcel. Y mientras estaba en la cárcel hizo venir a su esposa e hijos de Argelia, en 2004”.

Francia ofrece hasta 7.000 euros por pareja que acepta volver a su país de origen y 2.000 más por hijo, pero han sido pocas decenas de familias las que han aceptado la propuesta. En su intervención televisiva, Sarkozy estableció un nexo de causalidad entre la inmigración clandestina y la masiva quema de coches del pasado noviembre: “Lo que pasó en los suburbios es el resultado de una política de inmigración descontrolada”.