Pepe Mejía

No cabe duda de que es una buena noticia que el derecho a voto de la población inmigrante vaya a ser una realidad, acorde con ese 60,8 % de españoles, según datos publicados en diciembre de 2005 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Porque estos colectivos comparten problemas con sectores de la población en pobreza, exclusión o marginalidad: el trabajo en negro o el empleo precario, la falta de viviendas públicas asequibles y la concentración en zonas o barrios degradados, el fracaso escolar en los jóvenes, las carencias de los sistemas sanitarios, educativos y de protección social.

No solamente tienen, tenemos, el derecho al voto por cotizar a la Seguridad Social y a Hacienda, sino porque tenemos derecho a la participación ciudadana en la cosa pública, para no dejar este espacio sólo a los políticos profesionales. No basta con conceder el derecho al voto. Hay que dotar a los municipios de un papel preponderante y una financiación adecuada para poner en práctica políticas de gestión social, con especial énfasis en colectivos más vulnerables. Ya es hora de superar el tratamiento caritativo-asistencial de sus problemas. Participar en la cosa pública favorecerá la lucha contra el tráfico de seres humanos y la sobreexplotación laboral. El derecho a votar en las municipales no debe quedar ahí. También debe ser extensible a las elecciones generales.