PSOE e IU-ICV instarán hoy al Gobierno a poner en marcha las iniciativas legales necesarias para que los inmigrantes legales en España puedan votar y ser elegidos en los comicios municipales, tal como ya hacen los ciudadanos de la Unión Europea y de Noruega. La propuesta pide al Consejo de Estado que aclare el artículo 13.2 de la Constitución cuando requiere “criterios de reciprocidad”. Es decir, que puedan votar en España aquellos ciudadanos de países en los que, mediante convenio, puedan votar los españoles, como se acordó con algunos países latinoamericanos.

La iniciativa, que parece contar con un amplio respaldo político, incluido el del PP, es un paso adelante en la profundización democrática y en la cohesión social en nuestro país, que habrá de contribuir también a desacreditar los discursos del miedo, populistas o xenófobos. Si los ciudadanos extranjeros que, por las razones que fuere, han decidido residir y trabajar de forma permanente en España, cumplen con sus obligaciones fiscales y tributarias, participan de sus deberes y derechos con respecto a la Seguridad Social y colaboran con mayor o menor empeño en las cuestiones ciudadanas, es de justicia que no sólo tengan el derecho de participar en las elecciones, sino también a ser elegidos. Ésta es una reivindicación largamente planteada que ahora puede culminar.

De progresar esta iniciativa, afectaría en España a unos dos millones de personas y en Catalunya a medio millón, en su mayoría marroquíes y latinoamericanos. La previsión es que se aplique en las elecciones municipales, porque en las autonómicas y estatales no lo permite la Constitución. Aunque una vez abierta la opción, nada debería descartarse a medio plazo. Con respecto al problema de la reciprocidad, existe una cuestión sobre la que habría que reflexionar para no provocar una doble injusticia y que afectaría a aquellos en cuyos países de origen no pueden votar, como es el caso de China, Cuba o países del área subsahariana. Por esa razón es importante que se aclare el precepto constitucional y comprobar hasta dónde puede ser generoso el legislador.