Sube la temperatura dialéctica en el choque de trenes que mantienen los gobiernos central y regional a cuenta de los inmigrantes trasladados desde Canarias a la Comunidad de Madrid, y concretamente los que se llevaron a Alcalá de Henares, y que fueron protagonistas el pasado viernes de una multitudinaria reyerta. Mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se acusaban mutuamente de mentir, el ministro de Transportes, Óscar Puente, entraba en la batalla al asegurar que le daba «mucha pereza» el enfrentamiento con Ayuso y criticó que «no la veo nunca trabajar».

Entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno de Sánchez se está muy lejos de recuperar unas «relaciones cordiales», como pretendía Francisco Martín. El delegado intentó de desmentir el miércoles a Isabel Díaz Ayuso de forma categórica al asegurar que no era cierto que, como ella había afirmado tras el consejo de Gobierno que celebró en Alcalá de Henares, la Policía tuviera constancia de agresiones sexuales de los inmigrantes llegados a esa localidad desde Canarias. Pero ayer, desde el Gobierno regional de Ayuso se acusó al delegado de mentir, y se aportó un documento para demostrar que sí existen al menos dos denuncias por agresión sexual, ambas el 11 de diciembre.

La alcaldesa, Judith Piquet, aseguró también, como publicó ayer ABC, que el 11 de diciembre dos mujeres denunciaron tocamientos «de una persona de raza negra», y el delegado del Gobierno desvinculó esos casos con el centro de acogida Primo de Rivera. «Es de «extrema gravedad mezclar migración con inseguridad», advirtió. «Lo que dijo la presidenta no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Es dañino, genera alarma y va en contra de la convivencia. No está acreditado por los datos». Y en relación con agresiones sexuales, aseguró que «en estos momentos no hay abierta investigación vinculada al origen de migrantes del cuartel Primo de Rivera».

El miércoles hubo un altercado en el centro de emergencia y acudieron siete furgones de antidisturbios

Desde el entorno de Ayuso salieron en tromba para defender a la presidenta regional y acusar al delegado del Gobierno de mentir. «Por parte de la Policía Nacional sí está abierta una investigación en Alcalá de Henares por agresión sexual en diciembre. Y está en el juzgado. El delegado del Gobierno ha mentido gravemente», aseguran fuentes próximas a la presidenta regional.

Para terminar de complicar el asunto, la portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, acudió también a la zona de Alcalá cercana al centro donde se alojan los inmigrantes , y denunció el miedo que sufren los vecinos: «No puede ser que entren y salgan sin ningún control, causando inseguridad en nuestros barrios», dijo.

En el Gobierno regional quisieron desvincular la postura de Vox de la de la presidenta Díaz Ayuso: «Ella sólo dijo que se habían producido denuncias por agresión sexual. No especificó ni acusó a inmigrantes », aclararon.

En la misma idea insistió Isabel Díaz Ayuso, que también destacó ayer el carácter integrador de Madrid: «Si por algo me he caracterizado en mis discursos, desde el primero, ha sido por repetir una y otra vez la integración, el mestizaje, la apertura, los contrastes, yo soy un gobernante responsable». Insistió en pedir que «el Gobierno de Pedro Sánchez no convierta Alcalá de Henares en un caos por una nula planificación y una nula información».

El ministro de Transporte, Óscar Puente, afirma sobre Ayuso que le da «mucha pereza» y que «no la veo nunca trabajar»

A su juicio, es el Gobierno central «quien está tratando esto de manera inhumana e insensata. Respecto a si con sus declaraciones vinculó inmigración y delincuencia, aclaró la presidenta que «si los agresores son vecinos de Alcalá o si son de fuera, eso lo tiene que determinar un juez, desde luego, pero por los testimonios de las mujeres agredidas que parece que ahora no importan… el ‘hermana, yo sí te creo’ aquí no consta; hay que investigarlo sin más y es algo que no me corresponde a mí».

Por otro lado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha enviado una carta a la presidenta Díaz Ayuso, firmada por su secretario general, Rafael Escudero, en la que éste le traslada su «enorme preocupación» por las «graves situaciones que se están dando en el Centro de Alcalá de Henares, «generado por el ministerio competente en materia de migraciones».

En dicho centro, aseguran desde la Red, «se ha dado un maltrato continuado a las personas usuarias» , motivo por el cual esta asociación y la de Ayuda al Refugiado han interpuesto «tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, por ahora sin éxito alguno», aseguran.

Entre otras denuncias, señalan que «se marca a boli a los usuarios en sus brazos para identificarlos», se les somete a «un duro control para poder salir» y tanto la integración como la alimentación son «absolutamente deficientes».

Vaciar el centro
Indican también que han tenido noticias de que «el Ministerio ha dado orden de proceder a vaciar de forma progresiva este centro», evacuando «sin solución habitacional a más de 300 usuarios», incluyendo «a menores». Recuerdan a la presidenta que la red es «la única entidad estatal que, tras viajar a Canarias, expuso que no se puede hacer un proceso de reubicación sin planificación, medios económicos y dotación a las comunidades autónomas para el impacto en Servicios Sociales». También alertó a la opinión pública de que «había un nutrido número de menores mezclado con adultos por la falta de triaje previo y las enormes irregularidades en Canarias».

Unas críticas que, insisten en la misiva, «nos han valido los ataques del Gobierno central y, en particular, del entonces ministro Escrivá que, ante este escenario, decidió bloquear la participación en esta actuación de reubicación de cualquier entidad miembro de la Red». Alertan que se han realizado «contratos de emergencia que están empezando a caducar sin renovarse, y que de forma progresiva van a provocar que se de un proceso de evacuación sin aviso ni remisión de fondos a las comunidades autónomas donde se encuentran para reforzar servicios sociales».