Alejandro imaginaba, cuando salió de su Venezuela natal, que el proceso para regularizar su documentación en España iba a ser tedioso. Venía informado por tantísimos compatriotas que han huido en los últimos años del régimen de Nicolás Maduro. Pero lo que no imaginaba es que, además, iba a resultar muy costoso económicamente. «Eso es algo habitual en mi país, donde la corrupción lo come todo. Pero no creía que existiera aquí a ese nivel«, se queja.

A sus 39 años, lleva uno en España. «En todo mi proceso, es la primera vez que compro una cita, y lo he hecho por pura necesidad«, argumenta, en conversación con ABC: »Porque por los medios normales no encontraba solución y me siento desesperado, angustiado, con frustración, porque me iba a quedar sin trabajo«. Desde hace unos meses tiene un puesto en el sector de la hostelería, el único que ha encontrado hasta ahora, con su contrato legal. El sueldo es pequeño, pero le da más o menos para salir adelante: »Ser inmigrante en un país sin contar con recursos es insostenible. Tengo que pagar el alquiler, los servicios, comer y ayudar a mi familia en Venezuela«.

Por eso, no podía quedarse sin renovación del permiso de trabajo, que le caducaba: «Necesitaba mi cita para primeros de enero y he estado metiéndome en la web del ministerio decenas de veces al día, durante semanas, pero siempre me decía que no había ninguna cita disponible para la calle de Pradillo», donde se encuentra la oficina de extranjería que se encarga de estos menesteres.

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«Así que acudí a las redes sociales, para dar con gestores en Facebook y Telegram. Contacté con siete distintos y cada uno me decía una cifra diferente, desde 40 hasta 170 euros, por mi cita. Unos cobraban la mitad por adelantado y otros no», especifica.
Cuando vio cómo funcionaba este asunto, se puso en contacto con amigos de su país que también habían pasado por lo mismo en España: «En vista de que conocidos míos han sido estafados al comprarlas por anticipado, lo aboné una vez que tuve la cita en mis manos. Pero para ello tuve que dar mis datos personales a extraños con los que solo me había escrito por WhastApp. Me la jugaba de todos modos», reconoce.

«Finalmente, conseguí a uno que logró una cita a mi nombre, y días después me contactó otro diciéndome que no podía hacerme la gestión porque ya aparecía en el sistema una cita a mi nombre. Así supe que el primero de ellos me decía la verdad y quedamos en Villaverde y le di 170 euros en mano. Me dio un código, que introduje en la web del ministerio y ahí pude ya sacar de la web mi cita».