Uno de los objetivos de la nueva RGI era dar ayuda a todas las personas vulnerables que lo necesitaran. Desde la reforma de ley, 403 mujeres víctimas de violencia de género, trata, explotación sexual o violencia doméstica han podido beneficiarse de esta prestación social que hasta ahora no les correspondía, en la mayoría de los casos por no cumplir el requisito del tiempo de empadronamiento, según datos aportados por el servicio vasco de empleo Lanbide este martes. Con la nueva norma, solo se les exige estar empadronadas en el momento en el que acuden a las oficinas de Lanbide con la correspondiente justificación de su situación, «lo que garantiza el acceso inmediato a poder emprender una vida alejada de sus agresores».

En concreto han sido 357 víctimas de violencia de género, 31 de violencia doméstica, 10 de trata de seres humanos, y cinco de explotación sexual las que tras la aprobación de la nueva ley han podido cobrar esta ayuda, pero no son las únicas. La nueva RGI también contempla la excepcionalidad de quienes residen en Euskadi en condición de refugiados, que han sumado 307 personas en los últimos meses, y por protección temporal, 157 más. En cuanto a jóvenes procedentes de sistemas de protección de menores, han sido 160.
La actualización legislativa también incluyó como novedad que se pudieran acoger personas que hubieran tenido que marcharse de Euskadi por el terrorismo y que tuvieran acreditada la condición de víctima, situación que ha permitido proteger a 4 personas más, que se suman a la ya prevista en la legislación relativa a colectividades vascas en el exterior, y que han incorporado a tres personas más.

En total, entre abril y diciembre del año pasado se sumaron 5.343 expedientes más de titulares de RGI y, sin embargo, el número de nuevas concesiones fue de 9.059. Esto significa, según fuentes de Lanbide, «que hay una entrada y también salida del sistema, de personas que encuentran un empleo que, además, permite superar los umbrales previstos en la RGI». Asimismo, «en casi 10.000 expedientes se compatibiliza la RGI con ingresos por trabajo».

Con estos datos sobre la mesa, la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, considera que «la Ley está cumpliendo su objetivo. Este cambio tan intenso no se puede hacer en un día, pero llegar a quien lo necesite y ofrecer oportunidades a quienes quieren trabajar y no habían encontrado la forma de conectarse con el mercado laboral es un éxito o, por lo menos, un indicio de que estamos acertando en el camino que todavía nos queda por recorrer».

El reglamento que aclara la aplicación a todas las situaciones previstas en esa ley, por su parte, entrará en vigor este mes de enero, y se acompañará de la colaboración de las entidades sociales que están en mayor riesgo de exclusión. El reglamento supondrá así «la implantación del procedimiento de actualización trimestral de cuantías, tal y como se ha informado a las personas perceptoras». El primer proceso afectaba a 19.579 titulares, de los cuales a mediados de enero ya se había conseguido culminar en un 95% de forma automática gracias a la interoperabilidad con otras administraciones.