l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió ayer que la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat catalana se limitará a las materias transferibles constitucionalmente. Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se envuelve en esta bandera como una concesión arrancada al Estado para ilustrar su no subordinación al PSOE. Como ocurriera ya con la proposición de amnistía, los socialistas remiten al articulado de la ley orgánica comprometida al respecto dando a entender que mientras no se conozca su contenido no habría nada de qué hablar. Pedro Sánchez puso en valor que, en virtud del pacto europeo, las decisiones fundamentales en materia de inmigración se adoptarán en Bruselas. Al tiempo, reivindicaba la naturaleza compuesta del Estado constitucional para avalar la necesidad de la Administración General de compartir responsabilidades con las autonomías. Un discurso parejo al que, desde el ingreso de España en la Comunidad Europea, en junio de 1985, ha mantenido el soberanismo. El horizonte de un vínculo directo entre las nacionalidades reconocidas por la Carta Magna y la Unión Europea, mientras el Estado español se diluiría a causa de una cesión en doble sentido de sus competencias. El Gobierno no puede obviar el debate sobre la competencia en el control de fronteras, que afecta además a la responsabilidad europea contraída por nuestro país respecto a corrientes migratorias procedentes tanto de África como de América. Sería erróneo que, tras más de cuarenta años de trayectoria autonómica, se promulgara una ley orgánica para ofrecer a las 17 comunidades y hasta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla una delegación a voluntad de las competencias de inmigración que el Gobierno resuelva ceder a Cataluña a través de Junts, más que mediante un acuerdo con la Generalitat. La viabilidad de la ley orgánica apalabrada por Félix Bolaños con el grupo parlamentario posconvergente parece más que incierta, en tanto que no le será fácil al Ejecutivo alcanzar una mayoría absoluta en torno a un texto que satisfaga a las tesis de Carles Puigdemont. El problema está en que Junts busca ‘rancho aparte’, quiere aplicar una política más restrictiva en Cataluña, en línea con la Europa más reacia a la acogida. Y Sánchez prefiere mirar para otro lado con un discurso sobre la integración sociolaboral demasiado anclado en sobreentendidos y ambigüedades.