La transferencia de Inmigración que reclama el Gobierno Vasco abarca solo el traspaso de los programas de los itinerarios de inclusión de las personas solicitantes de protección internacional que han recibido el asilo, El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez alcanzado entre el PNV y el PSOE recoge esa transferencia sobre esa base ante la que ambas administraciones mantienen abierta una vía de negociación que debería plasmarse en marzo en cumplimiento del pacto de investidura por el que el PNV respaldó la elección del candidato socialista a presidente del Gobierno.

El lehendakari Iñigo Urkullu emplazó el jueves al Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar a cumplir su compromiso, materializar la transferencia y culminar el Estatuto. En el paquete de traspasos pendientes, Cercanías, la homologación de los títulos universitarios y la puesta en marcha de un proceso para la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social.

No obstante, la transferencia del ámbito de la Inmigración responde a unos criterios ya tasados. En ese contexto, el Estado mantiene la titularidad de la extranjería, la concesión de visados, la primera acogida de los migrantes, así como la concesión de los permisos de trabajo y de residencia. En Cataluña, la Generalitat dispone de la facultad de dar los permisos de trabajo. No así en el País Vasco ni en resto de Comunidades Autónomas. Desde Junts se ha aireado en los últimos días que el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Sánchez puede permitir a la Generalitat de Cataluña asumir la capacidad de expulsión de aquellas personas multirreincidentes en la comisión de delitos.

Las claves
Transferencia El acuerdo de investidura entre PNV y PSOE acota los límites de la negociación del traspaso

Un mapa complejo Cataluña es la única comunidad autónoma que gestiona ya hoy los permisos de trabajo

La controversia ha suscitado un frente de agravios en numerosas comunidades autónomas gobernadas por el PP por considerar que abre un frente de insolidaridad en una materia clave de cohesión del Estado. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que, con excepción de Euskadi y Cataluña, el resto de los gobiernos autonómicos no ha planteado ninguna pretensión de asumir esta competencia. Ni siquiera Canarias que, según ha precisado, sólo aspira a un compromiso para el reparto de los migrantes menores que llegan al archipiélago y su distribución por centros de acogida del resto de España.

La polémica se ha reabierto tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts por el que se alcanza un compromiso político para proceder a una delegación de la competencia del Estado sobre el artículo 150.2 de la Constitución para que Cataluña reciba competencias de inmigración.

Según fuentes de la Administración central, será una ley orgánica la que fije en el Congreso las condiciones de ese traspaso que tendrá que ser constitucional y girar en torno a la colaboración entre diferentes administraciones ya que afecta a competencias de las Comunidades Autónomas, del Estado y de la Unión Europea. «Considerando que la fase de autonomía personal del sistema estatal de acogida viene acompañada de procesos de acogida de itinerarios de inclusión que son competencias de la Comunidad Autónoma Vasca, se establecerán las fórmulas correspondientes para la financiación y transferencia de la citada fase», se señala en uno de los puntos del pacto alcanzado entre los socialistas y los jeltzales.

El ámbito catalán
De hecho, el marco normativo mediatiza por completo en el que se puede desarrollar los traspasos y su impacto sobre el mercado de trabajo. La inmigración es una competencia compartida y no resulta posible actuar al margen de las decisiones de las diferentes instituciones.

La Generalitat catalana ya posee las competencias de conceder el primer permiso de trabajo y de vigilar las contrataciones de las empresas a través de la Inspección de Trabajo. Según especialistas en la materia, en Cataluña, la futura transferencia en materia de inmigración necesariamente debería abarcar a la concesión de los permisos de trabajo, que solo afecta a los extranjeros extracomunitarios, ya que los nacionales de los estados miembros disfrutan del derecho a la libre circulación de trabajadores.

La concesión del primer permiso de trabajo temporal constituye una competencia que ya tiene asumida la Generalitat; se trata de un permiso inicial para trabajar como autónomo o asalariado dentro de la Comunidad. Es, de hecho, una competencia reconocida en su Estatuto de Autonomía de 2006, transferida materialmente desde 2009, y que tiene la luz verde de las sentencias del Tribunal Constitucional.