Cataluña —así lo ha dejado claro Junts— aspira a tener el control de los flujos migratorios, es decir, a decidir sobre permisos de residencia, requisitos para obtenerla, control de fronteras, admisiones y todas las competencias de inmigración, que dependen de varios ministerios. Las fundamentales, las de Extranjería, las controla Interior y están atribuidas en exclusiva a la Policía Nacional, en concreto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Los sindicatos policiales ya han expresado su preocupación por el acuerdo Gobierno-Junts.

Sea una «delegación» de atribuciones como dice el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o una «transferencia» completa como sostiene la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si se produce una cesión total de competencias, el Govern catalán tendrá que hacerse cargo de la gestión de casi un millón y medio de extranjeros en situación regular que viven en las cuatro provincias.

Uno de cada seis
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de extranjeros que cuentan con permiso de residencia (1.426.386 a finales de 2022), en sus distintas modalidades, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para poner en contexto el dato, uno de cada seis extranjeros legales en España (había en esa fecha un total de 6.493.147) vive en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza, donde residen cerca de un millón. Supera a Madrid en más de 371.000 y a Andalucía en casi medio millón de foráneos, pese a ser ésta última la autonomía con mayor población del país.