Hay municipios en los que ha aumentado el número de concejales a elegir porque su población ha crecido por efecto de la inmigración. Sin embargo, esos inmigrantes, o una parte considerable de ellos, no pueden ser candidatos y ni siquiera votar en las elecciones municipales. Esta paradoja es una de las contradicciones de nuestro sistema democrático (y de los de muchos otros países). Para remediar ese problema, al menos en parte, los grupos socialista y de IU han anunciado la presentación de una proposición no de ley, con el apoyo del Gobierno, tendente a suprimir los obstáculos que impiden votar en las elecciones municipales a los residentes extranjeros no comunitarios.

Los comunitarios sí disfrutan del derecho a votar en las municipales, y también, desde la reforma en 1992 del artículo 13 de la Constitución (motivada por uno de los acuerdos del Tratado de Maastricht), del derecho a ser candidatos en esas elecciones. Ello afecta a cerca de un millón de residentes extranjeros, pero no al resto de los más de tres millones y medio censados en España. Más de una cuarta parte de ese millón procede de los nuevos países miembros de la UE, por lo que las próximas elecciones locales, dentro de nueve meses, serán las primeras en que podrán votar.

Para que también lo puedan hacer los ecuatorianos, marroquíes, colombianos, chinos y demás ciudadanos extranjeros residentes entre nosotros se requiere, según el artículo 13 – 2 de la Constitución, la existencia de un tratado de reciprocidad con los países respectivos; es decir, que también los españoles residentes en esos países puedan votar allá. Eso es de entrada imposible en relación a Estados en los que no hay elecciones democráticas, como China, Cuba y otros. Y choca con legislaciones nacionales que expresamente excluyen toda posibilidad de voto de los extranjeros.

Por ello, la proposición no de ley insta al Gobierno a firmar acuerdos de reciprocidad con los países en que ello sea factible, y a flexibilizar el criterio de reciprocidad en relación con los países en que no lo sea. A tal fin se solicitará al Consejo de Estado un informe sobre las posibilidades de hacerlo sin modificar la Constitución. Es una bandera que desde hace años enarbola sobre todo Izquierda Unida, que ya consiguió en marzo pasado que todos los grupos apoyaran una proposición genérica en favor de la extensión a los extranjeros no comunitarios de los derechos políticos, incluyendo el de voto. Ahora se trata de plasmar esa disposición en medidas concretas.

Países como Bélgica han modificado ya su legislación para extender a los no comunitarios los derechos políticos que se reconocen a los ciudadanos de la UE. Estos avances son coherentes con un principio fundamental de la democracia: quien paga sus impuestos tiene derecho a votar. Principio que constituye un freno a las tendencias retrógradas que pretenden condicionar el pleno reconocimiento de los derechos políticos a la posesión de una determinada nacionalidad, que identifican con una determinada etnia, religión o lengua.