l Consejo Europeo y la Eurocámara cerraron a primera hora del miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, lo que pone fin a años de negociación en torno a este expediente. Con esta normativa, la Unión Europea (UE) busca fijar una política común en materia migratoria. La fórmula elegida pasa por reforzar las fronteras exteriores del bloque, cerrar acuerdos con terceros países para frenar el número de llegadas irregulares y acelerar las deportaciones.

El expediente era uno de los más importantes para la presidencia española del Consejo de la UE, más cuando el número de llegadas irregulares a la UE ha alcanzado niveles récord —255.332 migrantes han llegado de forma irregular y 3.378 personas han muerto en el intento en el 2023, según la Agencia Frontex—. Los Veintisiete y la Comisión Europea también consideraban fundamental acelerar la adopción de este reglamento para que se acordara antes de las elecciones europeas que se celebrarán en julio del 2024.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, este miércoles en el Palacio del Elíseo.
Macron defiende su ley de inmigración en plena crisis interna
ASUNCIÓN SERENA

El acuerdo en torno a cinco regulaciones clave del pacto ha sido posible tras varios días de duras negociaciones y afectarán a la gestión migratoria y de asilo por parte de los Estados miembros. Cambiará, entre otros, el control de llegadas a la UE, la toma de datos biométricos y los procedimientos para presentar y gestionar solicitudes de asilo, y «reforzará» la cooperación entre los países europeos en situación de crisis. En definitiva, con esta nueva norma, la UE busca limitar las llegadas irregulares y acelerar los retornos, al tiempo que pretende facilitar la llegada de quienes tengan derecho a buscar protección internacional en Europa.

Un «gran paso» adelante

Para el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el acuerdo de este miércoles «es un gran paso adelante» en la gestión migratoria. «Del mismo modo, la UE permanece comprometida a luchar contra las causas que originan la migración, trabajando con los países de origen y tránsito, y haciendo frente a las mafias», dijo. Tras darse a conocer el acuerdo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que la inmigración «es un desafío europeo que requiere soluciones europeas». La UE «tendrá la capacidad de decidir quién se queda y quién se va, no las mafias», subrayó.

El pacto también dará a los países europeos la capacidad de «responder rápido» ante una situación de crisis, «cuando afronten un gran número de llegadas ilegales a su territorio». El texto acordado incluye la posibilidad de que los Estados miembros expulsen a personas que supongan «una amenaza para la Seguridad Nacional». Las voces defensoras de esta medida aumentaron tras el ataque terrorista del pasado octubre en Bruselas.

Pero el punto más complicado en las negociaciones entre los Estados miembros ha sido el mecanismo de gestión de crisis, la herramienta que se activará en caso de llegadas masivas al bloque. En estos casos, se aplicarán compensaciones económicas y la reubicación de los solicitantes de asilo entre los países europeos. De este modo, se pretende aliviar la presión de los países que más llegadas irregulares registran y repartir la responsabilidad entre todo el bloque.