Las tres instituciones europeas Consejo de la UE (cuya presidencia ostenta España hasta fin de año), Parlamento Europeo y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo este miércoles para la reforma del pacto de migración y asilo tras unas maratonianas negociaciones en la recta final. El objetivo es que este pacto pueda ser formalizado por el Consejo y el Parlamento para llegar con los deberes hechos a las elecciones europeas del mes de junio. La inmigración y la gestión de las fronteras se ha convertido en uno de los temas más polémicos de los últimos años desde la crisis de refugiados del año 2016 con las llegadas de refugiados sirios que huían de la guerra.

Este pacto pretende acelerar los retornos de los considerados inmigrantes ilegales con la puesta en marcha de centros en las fronteras europeas desde dónde se gestionarán las demandas de asilo. Además, habrá un nuevo sistema de cribado más eficaz que permitirá conocer si el demandante de asilo ha realizado la misma solicitud con anterioridad en otro país europeo.

Como modo de superar el sistema de reparto en cuotas obligatorias que fue boicoteado sin cesar por los países del Este en la anterior crisis, se ha impuesto una solidaridad obligatoria pero a la carta. Esto significa que aquellos países que no quieren acoger a estas personas deberán pagar a un fondo común europeo que si sirva para sufragar el gasto de aquellos que sí lo hacen.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la activación de un mecanismo de emergencia para situaciones de llegadas masivas, en los que un país se vea desbordado por el número de solicitudes e incluso la inmigración pueda ser utilizada como una amenaza híbrida, tal y como ha sucedido en el caso de Marruecos con España o Bielorrusia. En esas circunstancias el periodo en el que los migrantes podrán estar retenidos en estos centros en las fronteras exteriores europeas podrá ser mayor.

Este nuevo pacto intenta también modernizar el Protocolo de Dublín por el que el Estado de llegada es el que debe tramitar la solicitud de asilo, lo que en principio hace recaer la responsabilidad en los países de primera línea que además deben evitar que los demandantes se desplacen a otros países europeos ( movimientos secundarios). Aunque este principio se mantiene, se tendrán en cuenta otros factores a la hora de elegir el Estado en el que se procesa la demanda, como por ejemplo, si el migrante tiene familiares en otros país europeo o ha cursado estudios.

Reacciones

“El Pacto de Migración y Asilo es en sí un éxito en la medida en la que es un paso adelante respecto de la situación insatisfactoria e insostenible de la que venimos. A partir de su entrada en vigor, por fin contaremos con una respuesta europea al hecho migratorio y sus desafíos, especialmente ante situaciones de crisis”, destacó a Efe Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).

“Tras años de estancamiento político hemos acordado hoy una respuesta común europea al reto de la migración. Las nuevas reglas nos permitirán volver a recuperar el control de nuestras fronteras externas y reducir la presión migratoria hacia la UE”, dijo el eurodiputado sueco Tomas Tobé (PPE), ponente del reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, una de las piezas más importantes del pacto migratorio.

La idea de reformar la política migratoria europea comenzó a gestarse en 2016, cuando cerca de dos millones de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo llegaron a la UE huyendo de la guerra en Siria. La reforma que propuso el Ejecutivo comunitario presidido por el luxemburgués Jean-Claude Juncker no obtuvo el apoyo necesario de los Estados miembros por las discrepancias sobre cómo aplicar el principio de solidaridad y compartir las responsabilidades en el ámbito del asilo de manera justa.

En septiembre de 2020, la Comisión Europea dirigida por Ursula von der Leyen intentó reactivar la reforma presentando un nuevo pacto sobre migración y asilo, que ofrecía un enfoque integral para reforzar e integrar políticas en materia de migración, asilo y gestión de fronteras. Las cuotas obligatorias de refugiados fueron descartadas tras el fracaso de la anterior Comisión y se optó por una solidaridad “a la carta”, que permitirá a los veintisiete Estados acoger voluntariamente a refugiados o participar de otra manera en los esfuerzos, por ejemplo financiando la construcción de centros de acogida.