Tras dos días de intensas y largas negociaciones, noche en blanco incluida, los negociadores del Consejo, con la presidencia española rotatoria del Consejo al frente, la Comisión Europea y Parlamento Europeo han logrado sellar este miércoles un acuerdo político sobre la reforma del pacto de asilo e inmigración, llamada a poner orden en la gestión migratoria de la UE, evitar que se repitan crisis de refugiados como la vivida en 2015 y continuos enfrentamientos entre gobiernos por el reparto de refugiados. El pacto endurece las condiciones del asilo, incorpora un sistema de solidaridad a la carta para el reparto de refugiados y refuerza los controles en las fronteras.

“La UE está cumpliendo su promesa de mejorar el sistema de asilo y migración. Los ciudadanos de toda la UE quieren que sus gobiernos se ocupen del desafío migratorio y hoy se ha dado un gran paso en esa dirección. Esta reforma es una pieza crucial del rompecabezas”, ha valorado en un comunicado el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska. “Lo hemos conseguido. Tenemos un acuerdo sobre el conjunto del pacto de asilo e inmigración. Hemos estado negociando en trílogos por dos días y dos noches y ahora lo tenemos. Es un momento histórico”, ha celebrado eufórica la comisaria de interior, Ylva Johannson. “Todas las piezas han encajado. Hemos logrado un gran avance en los cinco pilares clave del pacto. Ha sido un largo camino pero lo logramos”, ha añadido el vicepresidente del Ejecutivo, Margaritis Schinas, sobre uno de los expedientes más complicados y divisivos que han tenido los Veintisiete desde hace ocho largos años.
Según ha explicado Johansson, la nueva reforma, que todavía tendrá que aprobarse formalmente por Consejo y Parlamento Europeo en los primeros meses de 2024 , garantizará una mejor protección de las fronteras exteriores, más solidaridad y más protección para las personas vulnerables y los refugiados sobre la base de los valores europeos. Lograr un acuerdo político antes de finales de año era uno de los grandes objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez y España como presidencia rotatoria de la UE
“El 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia. El día en que la UE alcanzó un acuerdo histórico sobre un nuevo conjunto de normas para gestionar la migración y el asilo. Europa ha desafiado una vez más las probabilidades. Estoy muy orgullosa de que con el Pacto sobre Migración y Asilo hayamos logrado y proporcionado soluciones”, ha celebrado con satisfacción la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. “La inmigración es un desafío europeo común. La decisión de hoy nos permitirá gestionarla juntos”, ha dicho en la red social X la presidenta Ursula on der Leyen.
De las nueve nueve propuestas legislativas que conforman el pacto, propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020, cinco habían llegado a diciembre todavía por cerrar. Particularmente problemáticos eran los controles en frontera y el tratamiento a los menores no acompañados y las familias con menores. “Son muy pocas las diferencias que a día de hoy no han sido consensuadas. Quedan unos puntos de una sensibilidad mayor para algunos de los 27 pero podremos encontrar ese punto de unión”, decía hace quince días Fernando Grande-Marlaska.

Las cinco leyes que abordan todas las etapas de la gestión del asilo y la migración, desde el control de los inmigrantes irregulares cuando llegan a la UE, la toma de datos biométricos, los procedimientos para presentar y gestionar las solicitudes de asilo, las normas sobre determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo y la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros y cómo gestionar situaciones de crisis, incluidos los casos de instrumentalización de inmigrantes.

Refuerzo de los controles
El nuevo paquete de reglamentos permitirá a los gobiernos reforzar los controles en las fronteras con un nuevo procedimiento para evaluar con rapidez en frontera las solicitudes de asilo de las personas interceptadas de forma irregular. La idea es recabar información sobre su identidad, huellas dactilares, fotografía además de realizar un control de salud, seguridad y vulnerabilidad. “Se hará una distinción clara entre aquellos que necesitan protección internacional y aquellos que no. Aquellos que representan una amenaza para la seguridad y aquellos cuyas solicitudes de protección internacional tienen pocas posibilidades de éxito tendrán que pasar por un procedimiento fronterizo, garantizando el apoyo a quienes realmente necesitan protección y el retorno eficiente de los que no lo son”, ha explicado el portavoz de interior del Partido Popular Europeo, Jeroen Lennaerts que recuerda que “corresponde a los gobiernos de la UE, no a los contrabandistas, decidir quién entra en Europa”.

El pacto también amplía la base de datos Eurodac, con nuevas categorías, para mejorar el control y “tener una foto más clara” de las personas que están en Europa y reforma el procedimiento de asilo para concentrar los recursos en las personas susceptibles de recibir protección internacional y evitar la saturación del sistema. La reforma incluye además un mecanismo de “solidaridad flexible” o a la carta que obligará a los Estados miembros a responder en caso de crisis en un país de la UE. En vez de cuotas obligatorias por país, un sistema que falló tras la crisis de 2015, se incluye un sistema de solidaridad “a la carta” de forma que otros gobiernos podrán ayudar por tres vías: reubicando solicitantes de asilo el objetivo es redistribuir a 30.000 al año, pagando una contribución de 20.000 euros por persona que rechacen reubicar o con algún tipo de aportación para financiación personal, instalaciones o equipamientos técnicos.

Mecanismo de crisis
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El pacto también incluye un mecanismo de gestión de crisis para garantizar una respuesta en caso de avalanchas migratorias. En este caso tampoco habrá cuotas obligatorias, como querían los países del sur. Será la Comisión Europea quien tendrá que evaluar cada situación de crisis a petición de un Estado miembro y posteriormente será el Consejo los gobiernos de la UE quien acuerde las medidas de solidaridad propuestas por Bruselas que antes de decretar una situación de crisis consultará con ACNUR, la IOM y otras agencias.

De decretarse una situación de crisis, las autoridades nacionales del país afectado podrán aplicar medidas más duras que en situaciones normales, como ampliar el procedimiento fronterizo y el período de detención de los solicitantes rechazados. Por ejemplo, podrán aplicar derogaciones del acervo comunitario en materia de asilo durante tres meses. “Permitirá a la UE alejarse de los parches nacionales ad hoc y pasar a establecer un sistema predecible y confiable en situaciones de crisis en la que todos los Estados miembros deben aportar contribuciones de solidaridad obligatoria para apoyar al Estado miembro que sea declarado en crisis”, ha explicado el eurodiputado español y ponente de este reglamento de crisis, Juan Fernando López Aguilar.