Los catalanes tendrán que entenderse con la Generalitat para cualquier trámite, adquirir viviendas públicas, lograr plaza en guarderías o contratar a inmigrantes los catalanes tendrán que cambiar de ventanilla para tramitar muchas cosas de su vida cotidiana con la entrada en vigor del Estatut. Tras ser aprobado en referéndum el 18 de junio, la ley que fija el nuevo marco de autogobierno para Cataluña entró en vigor el pasado 9 de agosto y abrió una nueva etapa que incidirá en el día a día de sus ciudadanos. El nuevo texto, que sustituye al de 1979, amplía y consolida las competencias de la Generalitat en materias en las que hasta ahora la administración catalana no tenía ningún poder, como en representación internacional o inmigración. Sin lugar a duda, Cataluña logra con el nuevo Estatut el mayor nivel de autogobierno en los últimos 300 años.


Cuando en septiembre se constituyan las comisiones mixtas Estado – Generalitat en materia estatutaria y de inversión pública de la administración central en Cataluña, la comunidad habrá dado el paso definitivo para poner en marcha su nuevo marco de autogobierno. El nuevo Estatut blinda y amplía todas las competencias recogidas en el texto de 1979 en el ámbito económico, social, educativo, cultural y político. Además, estipula con claridad que la Generalitat se convierte en la máxima responsable a la hora de fijar las prioridades en el fomento de viviendas públicas.


El catalán de a pie, a partir de ahora, tendrá como referencia a la administración catalana, para lo bueno y para lo malo, a la hora de adquirir una casa de protección oficial.


En el terreno educativo, amplía la competencia autonómica al primer ciclo, de cero a tres años. Las guarderías, en consecuencia, son desde el 9 de agosto un asunto bajo la órbita del Gobierno autónomo al que tendrán que dirigirse los ciudadanos para la consecución de plazas, presentar quejas o hacer cualquier trámite en ese ámbito.


A partir de ahora, asimismo, la Generalitat podrá intervenir en el establecimiento del cupo de trabajadores extranjeros que necesita la comunidad, y también participará en la gestión de los permisos de trabajo para los inmigrantes. La administración de referencia será, por tanto, la autonómica y la ventanilla para contratar extranjeros con papeles ya no estará en la delegación de Gobierno central o del Ministerio de Trabajo.


El catalán, un deber

El nuevo Estatut equipara el catalán con el castellano en derechos y en deberes en todos los ámbitos de la vida pública y social. El catalán se convierte, por lo tanto, en un deber y no sólo en un derecho del ciudadano. La primera consecuencia lógica es que será más rentable, a efectos laborales, hablar catalán que ignorarlo. Los centros de enseñanza de idiomas aún no tienen cifras, pero esperan incrementar las matrículas para las clases de la lengua autonómica.


En materia judicial, la Generalitat pasa a ejercer todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno catalán con relación a la administración de justicia. En este sentido, aunque los aspectos clave de la justicia seguirán dependiendo del Estado, las cuestiones relacionadas con la gestión y administración serán competencias de la Generalitat.