La cuenta atrás de tres meses pactada por los Gobiernos vasco y central para culminar el traspaso de tres de las transferencias pendientes ha comenzado, y con buen pie. El equipo de Sánchez comenzó este martes a cumplir los compromisos acordados con el PNV en el acuerdo para la investidura. Y después de un primer paso, por la mañana, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, por la tarde llegó el turno de las transferencias. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres se reunieron en Madrid para cerrar el traspaso de las tres cuestiones «prioritarias». Ferrocarriles de Cercanías, homologación y convalidación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de inmigrantes .

Y las tres, «las más trabajadas», quedaron bien encarriladas. Garamendi valoró de forma «positiva» el encuentro y recalcó que «estamos ante un nuevo escenario en la relación entre Euskadi y el Estado de cara a sentar las bases que posibiliten el cierre de las transferencias». La consejera avanzó que la próxima semana se llevarán a cabo reuniones de trabajo, y posteriormente, en enero, se convocarán las ponencias técnicas para tratar de culminar los acuerdos de los traspasos. En este sentido, Torres trasladó a Garamendi que los pactos alcanzados son para él «una prioridad».
La responsable vasca también hizo entrega de la documentación necesaria para la «pronta» puesta en marcha de la Comisión bilateral permanente entre Euskadi y la Administración del Estado, que garantice la «negociación institucional estable e ininterrumpida». Además, la consejera puso sobre la mesa la relación de transferencias aún pendientes recogidas en el cronograma propuesto por el Ejecutivo Sánchez, «de cara a seguir avanzando y cumpliendo con los objetivos marcados».

Los jeltzales han denunciado en reiteradas ocasiones, también cuando Sánchez trataba de amarrar su apoyo para la investidura, que la legislatura pasada se produjeron «incumplimientos» en materia de traspasos. Para que no se volviese a repetir esta situación, el PNV apretó a los socialistas en los días previos a la toma de posesión del presidente hasta que se comprometieran a transferir una treintena de competencias pendientes en un plazo «improrrogable» de dos años.

Por otra parte, la legislatura del lehendakari Iñigo Urkullu entra ya en sus últimos meses con la duda de si adelantará los comicios. Esto plantea un problema con el manejo de los tiempos. Un anticipo podría colisionar con el compromiso anunciado por el lehendakari para culminar su mandato cuando terminen por llegar las transferencias pendientes, con un plazo de tres meses para su recepción. El sucesor de Urkullu al frente del Gobierno Vasco, sea del partido que sea, será reunirse con Sánchez cada seis meses para evaluar los compromisos adquiridos. Con este fin los dos gobiernos recogieron en el texto la puesta en común de una comisión interinstitucional para agilizar las transferencias.

La firma entre los jeltzales y los socialistas también supone la ampliación de competencias en puertos y medio ambiente para la Ertzaintza, además de impulsar la presencia de la policía vasca en foros internacionales. De la misma forma, el Gobierno se comprometió a traspasar a Hondarribia terrenos de Costas. Tras esta gestión, el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana gestionará en próximas fechas los terrenos en los que se levanta la zona deportiva.

La ansiada Seguridad Social
El régimen económico de la Seguridad Social es una de las transferencias más anheladas por los jeltzales. Se trata de un traspaso que se hará de rogar porque a su dificultad técnica se une otra más complicada de superar, la polémica de carácter político que a buen seguro provocará. Y es que si bien solo se reclama la gestión del régimen económico, desde algunos partidos y comunidades autónomas ya están alertando de que será el primer paso para que se rompa la «caja única».

Garamendi señaló el domingo que el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, «además de estar en el Estatuto en el artículo 18, es una parte más de lo que debería ser nuestro autogobierno» y reiteró que no se romperá la caja única, ya que «tan solo vamos a poder llevar el régimen económico y por tanto, la igualdad de los contribuyentes y también de los perceptores tendrá que ser con esa legalidad que se establezca». Del mismo modo, subrayó que «se actuará conforme al principio de solidaridad».

Es decir, Euskadi ingresaría, gestionaría y pagaría las prestaciones, por ejemplo, las jubilaciones. También se haría cargo de trámites como las altas o bajas de las empresas o de la potestad inspectora o sancionadora. La titularidad del organismo, sin embargo, seguiría siendo estatal y en sus manos quedaría la capacidad normativa y decisoria, como es el caso del establecimiento de la cuantía de las pensiones.

Además de las transferencias, Garamendi pone el foco en las posibles invasiones competenciales. «Tanto la administración del Estado como los tribunales, han mermado las competencias de Euskadi con sus interpretaciones. Espero que en esta nueva legislatura cambie en esto».

==IN08 PIE (A) (90118635)==

==IN09 SUMARIO (90118636)==

Garamendi considera que «estamos ante un nuevo escenario en la relación entre Euskadi y el Estado»

Torres trasladó a la consejera que los pactos alcanzados son para él «una prioridad»