BARCELONA. Los catalanes tendrán que cambiar de ventanilla para tramitar muchas cosas de su vida cotidiana tras la entrada en vigor del Estatut. Tras ser aprobado en referéndum el 18 de junio, la ley que fija el nuevo marco de autogobierno para Cataluña entró en vigor el pasado 9 de agosto y abrió una nueva etapa que incidirá en el día a día de sus ciudadanos. El nuevo texto, que sustituye al de 1979, amplía y consolida las competencias de la Generalitat en materias en las que hasta ahora la administración catalana no tenía ningún poder, como en representación internacional o inmigración. Sin lugar a duda, Cataluña logra con el nuevo Estatuto el mayor nivel de autogobierno en los últimos 300 años.

Cuando en septiembre se constituyan las comisiones mixtas Estado – Generalitat en materia estatutaria y de inversión pública de la Administración central en Cataluña, la comunidad habrá dado el paso definitivo para poner en marcha su nuevo marco de autogobierno. El nuevo Estatuto blinda y amplía todas las competencias recogidas en el texto de 1979 en el ámbito económico, social, educativo, cultural y político. Además, estipula con claridad que la Generalitat se convierte en la máxima responsable a la hora de fijar las prioridades en el fomento de viviendas públicas.

En el terreno educativo, amplía la competencia autonómica al primer ciclo, de cero a tres años. Las guarderías, en consecuencia, son ya un asunto bajo la órbita del Gobierno autónomo al que tendrán que dirigirse los ciudadanos.

A partir de ahora, asimismo, la Generalitat podrá intervenir en el establecimiento del cupo de trabajadores extranjeros que necesita la comunidad, y también participará en la gestión de los permisos de trabajo para los inmigrantes.

El catalán, un deber

El nuevo Estatuto equipara el catalán con el castellano en derechos y en deberes en todos los ámbitos de la vida pública y social. El catalán se convierte, por lo tanto, en un deber y no sólo en un derecho del ciudadano.

En materia judicial, la Generalitat pasa a ejercer todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno catalán con relación a la administración de justicia. En este sentido, aunque los aspectos clave de la justicia seguirán dependiendo del Estado, las cuestiones relacionadas con la gestión y administración serán competencias de la Generalitat.

Asimismo, el nuevo Estatuto permite a la Generalitat participar en la designación de miembros de órganos de Estado tan importantes como el Tribunal Constitucional. COLPISA