Aunque la atención informativa y la polémica política se están centrando en los incendios que asolan Galicia, hay otra catástrofe por el sur que no puede ni debe pasar desapercibida. España hace frente este verano a la peor avalancha de inmigrantes ilegales de los últimos años. Casi 16.000 sin papeles han llegado por mar este año desde distintos países africanos. Las cifras hablan por sí solas. En el mes de julio de 2005, llegaron a las costas españolas 860 inmigrantes ilegales. Este año, lo han hecho casi 3.000 en el mismo periodo. Hace pocos días, arribó a la diminuta isla de El Hierro un supercayuco de 30 metros de eslora con 172 subsaharianos a bordo procedentes de Senegal, país al que se han trasladado las mafias tras el aumento del control de fronteras en Mauritania.

El archipiélago canario está recibiendo la práctica totalidad de los cayucos, en una situación que bien puede considerarse de emergencia. Los centros de internamiento están saturados y miles de sin papeles son trasladados en avión cada semana hasta distintas ciudades de la Península, ya que el Gobierno sólo logra repatriar al 6% de los subsaharianos.

Indudablemente estamos ante un problema tan grande como difícil de controlar y de gestionar. De nada sirven ya los lamentos sobre el obvio efecto llamada producido por las erróneas políticas de inmigración y las regularizaciones sucesivas. La avalancha únicamente puede controlarse actuando sobre el origen. En este sentido, el plan Africa puesto en marcha por el Gobierno, es una iniciativa que puede dar resultados, para lo cual las autoridades españolas deben mantener la constancia en las ayudas y la presión diplomática ante los países de donde salen los cayucos. El dispositivo Frontex, destinado a vigilar las aguas territoriales de los países de origen de los sin papeles podría ser asimismo un útil instrumento disuasorio, aunque una vez más nuestros socios de la UE han demostrado su limitada solidaridad con España, puesto que las patrulleras y medios comprometidos se han reducido a la mínima expresión. Además, aún no existe un acuerdo con las autoridades de Senegal, país del que proceden en este momento la mayoría de los cayucos.

Es imprescindible que los senegaleses, mauritanos y el resto de los naturales de países africanos tengan claro que en España no se les podrá dar trabajo ni una vida digna a todos, y que su único futuro es morir en el mar – son decenas las personas que pierden la vida al no poder soportar la travesía – o vivir en la marginalidad. Por eso, según la certera denuncia de la Confederación Española de Policía (CEP), supone una irresponsabilidad mayúscula sugerir siquiera, como hizo el ministro Caldera, que estudiaba dar permisos a los subsaharianos que no sean expulsados. Esa vana esperanza hace inútil la labor de las patrulleras.