Los 2.979 ‘sin papeles’ triplican la cifra de 2005 y superan la marca de 2.583 de julio de 2001 / Se rompe la tendencia a la baja de los dos últimos años Un año después de la regularización de inmigrantes, España está viviendo la mayor avalancha de sin papeles de su Historia. Durante el pasado mes de julio se batieron todos los récords de llegada de irregulares en embarcaciones, superando incluso los años 2001 y 2003, que eran hasta ahora los más fuertes en cuanto a oleada de pateras.

Así, 2006 puede convertirse en el annus horribilis de la inmigración ilegal, con la llegada de casi 16.000 clandestinos por mar durante los primeros siete meses, y rompe la tendencia a la baja de los dos últimos años, cuando se registró un notable descenso en la entrada de irregulares por esta vía. Sigue en

Las cifras hablan por sí solas: mientras el mes de julio de 2005 tan sólo arribaron 860 sin papeles, en el mismo periodo de este año lo hicieron 2.979 inmigrantes, lo que supone más del triple y un incremento del 246%.

Los datos de 2006 también rebasan los 2.583 inmigrantes que pisaron territorio español en julio de 2001 y a los 1.601 que lo consiguieron en la misma etapa de 2003.

Los pronósticos para agosto no son mucho más halagüeños, ya que a lo largo de la semana recién terminada más de 1.000 inmigrantes han alcanzado las costas españolas.

Mientras en años anteriores las avalanchas de clandestinos se dividían entre el Estrecho y Canarias, en 2006 es el archipiélago canario quien está asumiendo prácticamente en solitario la gran mayoría de las embarcaciones ilegales.

Las instalaciones de las islas están colapsadas y las derivaciones de los irregulares a la Península son constantes. El Ejecutivo tan sólo repatria al 6% de los subsaharianos que arriba a Canarias y el resto acaba con una orden de expulsión imposible de cumplir. La mayoría de ellos son enviados en aviones a Madrid, Comunidad Valenciana, Málaga, Murcia o Almería, donde son acogidos durante unos días por las ONG o se les pone en contacto con algún familiar que les pueda alojar.

La Confederación Española de Policía (CEP) acusa al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de provocar de nuevo el efecto llamada al anunciar a bombo y platillo, durante la pasada cumbre Euroafricana celebrada a comienzos de julio, que estudiaba dar permisos a los subsaharianos que no son expulsados: «Las promesas de Caldera se han oído y publicado en todos los medios de Marruecos, Mauritania y Senegal. Estas declaraciones son las que utilizan los mafiosos para convencer al inmigrante que no está convencido. Las palabras del ministro son peores que quitar todas las embarcaciones de vigilancia en Canarias», censuró el portavoz del sindicato policial CEP, Rodrigo Gavilán.

A su juicio, la gestión de Caldera y de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, está provocando que España asuma casi toda la bolsa de irregulares que llega a Europa: «Han dado alas a las mafias durante dos años porque saben que aquí se acaba regularizando a todo el mundo. El ministro origina la crisis migratoria y luego desaparece, pero los que permanecemos y no abandonamos a la ciudadanía somos los policías», añadió.

Mejor organizados

Otra de las grandes novedades de esta avalancha es que los traficantes de seres humanos se organizan para venir desde más lejos. Las embarcaciones cada vez son más grandes y vienen mejor equipadas, con hornillos para cocinar, bidones de gasolina y navegador por GPS. Como botón de muestra, basta poner el ejemplo de la semana pasada cuando llegaron a las islas: un supercayuco con 172 personas a El Hierro, otro con 146 a Tenerife y otro con 103 a La Gomera.

El Gobierno español pretende poner freno a esta masiva oleada con el despliegue de la operación de lucha contra la inmigración irregular puesta en marcha por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Sin embargo, una vez más los socios de la UE han demostrado su escasa cooperación y solidaridad y tan sólo han enviado dos aviones y dos barcos. Italia, que participa con una embarcación de la guardia costera y un avión, se ocupará de vigilar las aguas senegalesas, de donde parte en la actualidad la gran mayoría de los cayucos, mientras que la corbeta de la Armada portuguesa controlará la costa de Cabo Verde.

La diferencia de este dispositivo de la UE con respecto a otros realizados anteriormente, que se saldaron con sonoros fracasos, es que se realiza desde los países de origen de la inmigración ilegal, lo que resulta mucho más operativo a la hora de frenar la partida de cayucos.

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