La atención a inmigrantes cuenta en Ceuta con nueve puestos de trabajo más en virtud de un convenio suscrito por la Consejería de Bienestar Social y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Aunque la vigencia del plan se verá limitada a este año pues los contratos expirarán el 31 de diciembre.

Estos nueve trabajadores, todos mujeres menos uno, reforzarán las Unidades de Trabajo Social y llevarán a cabo el Plan de Acción de la Ciudad de Ceuta para la Acogida y la Integración Social de Inmigrantes» a desarrollar hasta diciembre de 2006. La consejería que dirige Yolanda Bel presentó al Estado el citado plan en el marco del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes que cuenta con una partida específica para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su carácter de frontera terrestre con África, las únicas con esta condición en territorio comunitario.

Este fondo estará gestionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad gracias a un convenio de colaboración que preve la contratación de nueve trabajadores que reforzarán la atención primaria en aquellas zonas con mayor porcentaje de población extranjera o de origen inmigrante. Lo que en Ceuta implica hablar de las barriadas periféricas.

Para reforzar esta atención primaria se ha contratado a cinco trabajadoras sociales, dos educadoras sociales, una psicóloga y un ordenanza que hará también funciones de conductor. Estos diez nuevos puestos darán una mayor cobertura, indican desde Bienestar Social, a los servicios sociales, «teniendo continuidad», matiza la Consejería en un comunicado, «hasta el 31 de diciembre de este año», abarcando actividades de información, orientación, asesoramiento, así como otras de carácter educativo, formativo y social.

Esta medida llega apenas unos días después de que Marruecos se comprometiera a estudiar una propuesta de acuerdo sobre la readmisión de menores y de inmigrantes procedentes de terceros países. Este es sin duda uno de los más acuciantes problemas de Ceuta en lo relativo a presión migratoria ya que la Ciudad ha de adelantar más de seis millones de euros cada año en atención a menores inmigrantes. Un dinero que el Estado tarda en reponer. España, por su parte, verá cómo impulsar la integración de los sistemas de vigilancia y control de fronteras.